La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por cambio de ordenación urbanística y por la anulación de los títulos administrativos habilitantes, a luz de la doctrina de la comissió jurídica assessora y de la jurisprudencia del tribunal supremo
- Autores: Gabriel Capilla Vidal
- Directores de la Tesis: Joan Manuel Trayter Jiménez (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat de Girona ( España ) en 2020
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Marta Franch Saguer (presid.), Marc Tarrés Vives (secret.), Juan José Guardia Hernández (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Derecho, Economía y Empresa por la Universidad de Girona y la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
- Materias:
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- Tesis en acceso abierto en: TDX
- Resumen
El trabajo, en base a una metodología jurídica aplicativa y académica, realiza un análisis crítico de la actual regulación de la institución de la responsabilidad patrimonial como garantía de los ciudadanos en nuestro sistema jurídico. Además, el trabajo se centra en dos de los supuestos específicos que hacen nacer la responsabilidad patrimonial recogidos en la legislación del suelo y la urbanística. Concretamente son los relativos a la responsabilidad derivada por la alteración de la ordenación territorial y / o urbanística, así como la derivada de la anulación de los títulos habilitantes para la edificación. La investigación ha tenido como fuentes de conocimiento, además de una extensa bibliografía, los pronunciamientos de la Comisión Jurídica Asesora y de la sala IIIª del Tribunal Supremo en esta materia.
Son objeto de especial estudio, en base a los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora y de las sentencias del Tribunal Supremo, al margen de cuestiones procedimentales, elementos como por ejemplo; la patrimonialización del derecho a edificar, el tratamiento de los terceros de buena fe en los supuestos del derribo de inmuebles, o el llamado aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración; los criterios de la contravención normativa flagrante o calificada, y de la racionalidad y la razonabilidad de la decisión administrativa.
