En la democracia parlamentaria los Diputados y Senadores son titulares de una función representativa propia y autónoma respecto de sus formaciones políticas. La prohibición de mandato imperativo garantizada en al Constitución protege a los parlamentarios frente a la disciplina de partido, y les atribuye la titularidad de una serie de facultades y derechos que pueden ejercer sin someterse a mandatos e instrucciones. De esta forma, los Diputados y Senadores son los titulares del voto en los procedimientos parlamentarios, no pueden ser revocados de sus cargos por su correspondiente partido, y han de poder ejercer de forma independiente una serie de iniciativas parlamentarias que correponde concretar a los Reglamentos de las Cámaras. El mandato representativo de los Diputados y Senadores viene garantizado internamente por la tutela que han de ejercer las Cámaras frente a las decisiones de los Grupos parlamentarios que vulneren el mandato parlamentario libre de los representantes; y también frente a los propios actos de las Cámaras, a través de la reconsideración de sus decisiones que sean contrarias a la prohibición de mandato imperativo.
En fin, la protección del mandato no vinculado de los Diputados y Senadores viene atribuido al Tribunal Constitucional, que lo ejerce a través de la vía procesal del amparo parlamentario.
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