La familia acomete una serie de funciones que reportan indudables beneficios para el bien colectivo común, al igual que para el desarrollo de los miembros que la componen. Estas funciones son consideradas esenciales en toda sociedad, por lo que las autoridades públicas deben comprometerse a fomentar su protección social, económica y jurídica.
El presente trabajo lleva por título "El desafío de la protección de la familia en la Unión Europea".
En efecto, nos encontramos en la actualidad ante un contexto adverso para el pleno desarrollo de la estructura familiar, caracterizado por varios factores. Por una parte, la mayoría de los países de la UE, con tasas de natalidad decrecientes, no puede garantizar el relevo generacional. El envejecimiento de la población, ligado al crecimiento de la tasa de dependencia, conlleva de forma sistemática un aumento progresivo del gasto social. Ello pone en riesgo la viabilidad de los sistemas de protección social y, en definitiva, de nuestro actual estado del bienestar. Además, el acceso al mercado de trabajo de los progenitores lleva aparejado una menor atención en materia de cuidado de hijos o de personas mayores o dependientes, los cuales necesitan centros de atención especializada. Por ello, es necesario llevar a cabo estudios como el presente, que sirvan para identificar las diferentes problemáticas actuales a las que se enfrenta la familia y, en la medida de lo posible, aportar luz acerca de sus posibles soluciones.
En este trabajo se hace referencia al origen y evolución de la normativa de la UE en relación con la figura de la familia, así como los inicios de la protección social de la maternidad. No puede pasarse por alto el importante papel desempeñado por el TJUE en este ámbito, por lo que se ha estudiado su jurisprudencia a tal efecto. Otro ámbito relevante es el análisis de las políticas sociales y de empleo de la Unión europea con influencia sobre la familia, en especial sobre las implicaciones del principio la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida familiar y laboral, y los servicios de cuidado de menores y personas mayores o con discapacidad. Se presta igualmente atención a problemas tales como los datos demográficos decrecientes de natalidad, el envejecimiento de la población europea o la tensión aún existente entre el trabajo y la vida familiar, analizando la efectividad de las iniciativas propuestas por la UE hasta la fecha en este sentido. No cabe duda que se ha obtenido en la UE un mayor nivel de protección del embarazo y la maternidad, así como mejoras en materia de seguridad y salud. También la conciliación laboral y familiar ha evolucionado con medidas asociadas a los permisos parentales o las fórmulas de trabajo flexibles. No obstante, se ha podido identificar algunos elementos desfavorables. Las medidas analizadas tienen como destinatario a los miembros de la estructura familiar, especialmente de aquéllos que resultan útiles a los fines económicos de la UE, y no propiamente a la figura de la familia.
Se ha constatado a nivel europeo la falta de una red efectiva de servicios de cuidado a menores y personas mayores o dependientes. En muchas ocasiones, dichos servicios llevan aparejados un coste elevado. En este sentido, cabe recomendar la existencia obligatoria para los Estados de unos criterios mínimos exigibles, en relación no sólo a la cobertura, sino igualmente a la calidad y medios necesarios para estos centros. El conjunto de medidas aportadas se han aplicado de forma individualizada, sin que exista aparente coordinación entre ellas. Además, a menudo han sido previstas de forma específica para determinados ciclos vitales familiares. La implementación de la perspectiva de familia permitiría establecer un análisis conjunto y durable de las necesidades actuales de la familia, aportando soluciones integrales de aplicación a todo su ciclo vital.
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