Resumen de El dogma de las capacidades y la racionalidad. Un análisis crítico sobre el tratamiento jurídico de las personas diagnosticadas con problemas de salud mental
“El dogma de las capacidades y la racionalidad: un análisis crítico sobre el tratamiento jurídico de las personas diagnosticadas con problemas de salud mental” es una investigación innovadora que analiza de forma exhaustiva el tratamiento del Derecho a las personas con un diagnóstico psiquiátrico. La investigación se divide en tres partes correspondientes a las tres dimensiones del Derecho: la sociológica, la dikelógica-axiológica y la normativa.
El objetivo principal de la tesis es evidenciar que la categoría del diagnóstico psiquiátrico desencadena un tratamiento normativo diferenciado que es discriminatorio, tanto en comparación con el resto de la población como en relación con las personas con discapacidad. El análisis gira alrededor de la idea del cambio de paradigma que supone la adopción del modelo social de aproximación a la discapacidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Se identifican y se analizan las transformaciones que la CDPD exige en cada dimensión jurídica para un Derecho que no sea excluyente.
La CDPD problematiza muchos aspectos actuales del Derecho que perpetúan una idea estereotipada sobre las personas con problemas de salud mental. Entre otros, la configuración de los principios jurídicos fundamentales de la dignidad y la autonomía que están basados en el dogma de las capacidades y la racionalidad ideales. En esta línea, se identifica que no se ha reconocido la discriminación histórica de las personas con problemas de salud mental. En consecuencia, las teorías de la justicia del reconocimiento que significan el contexto y la opresión responden mejor a la desigualdad estructural de este colectivo que las teorías (re)distributivas, basadas en presupuestos médico-reduccionistas.
La tesis demuestra, también, que las personas con problemas de salud mental han sido tratadas dicotómicamente en el derecho internacional de los derechos humanos, hasta la CDPD. Sin embargo, no hay consenso sobre el alcance de la aplicación del modelo social para las personas con problemas de salud mental, ni al marco del derecho internacional ni en los demás niveles jurídicos. Así, las instituciones que tradicionalmente les afectan por razón de su diagnóstico, como el ingreso y el tratamiento involuntario, siguen sin ser cuestionadas, lo que está relacionado con el modelo hegemónico psiquiátrico. El ordenamiento jurídico español tampoco ha implementado el nuevo paradigma de la CDPD en materia de capacidad jurídica y en salud mental, a pesar que las reformas en curso apuntan transformaciones en este sentido.
