Hacia mediados del siglo XIX surgieron los partidos Liberal y Conservador en la Nueva Granada -Colombia- con serias diferencias en el contenido ideológico del proyecto de nación que se proponían crear. Los conservadores consideraban que la sociedad debía regirse por la religión católica, la autoridad de las élites sobre las masas populares y que la religión católica definiera la ciudadanía. Los liberales radicales consideraban que el Estado debía ser un ente con pocas funciones de intervención acorde con el laissezfaire, neutro en asuntos de moral, que la Iglesia católica no debía tener un lugar privilegiado en la sociedad y que el fundamento del orden social eran las libertades del individuo y los valores laicos. Después de reñidas elecciones, el liberal José Hilario López (1849-1853) salió triunfante, con un programa de gobierno de profundas rupturas con el antiguo orden colonial, pues éste seguía intacto a pesar de la independencia de España. El programa de López incluía las "Reformas Liberales" y la ideología laica de su partido, con las que pretendía quebrantar los antiguos poderes de la Iglesia, el ejército y los hacendados esclavistas; ellas se constituyeron en las causas de la Guerra Civil de 1851.
Las Reformas Liberales fueron leídas por los conservadores y la Iglesia como políticas estatales para acabar con la oposición conservadora, destruir la religión cristiana y propagar el comunismo. Las élites conservadoras, hacendados y esclavistas de cuatro regiones del país se insurreccionaron, lo que constituyó la Guerra Civil de 1851, entre mayo y septiembre. Entre las motivaciones de los conservadores para hacer la guerra estaba su interés en conservar el antiguo orden, con sus privilegios políticos y económicos. Las reivindicaciones de los rebeldes se sintetizaron en la consigna "convención, Dios y sistema federal" con lo cual pretendieron darle al movimiento insurgente unidad, lo que contrastó bastante con su inexperiencia militar, su fragmentación regional y la carencia de una figura nacional que lograra unirlos, por lo cual perdieron la guerra. Con sus tres objetivos, los rebeldes pretendieron restaurar el statu quo, llegar a un nuevo acuerdo constitucional para el consenso entre los partidos y convertir a la Iglesia Católica en la rectora de la nación. Por ello, la Guerra Civil de 1851 fue una guerra "constitucional", pues la nación buscó fundarse bajo un sistema alternativo, el federal, y expresó la necesidad de resolución dé los conflictos políticos entre las clases dominantes por su acceso al Estado.
Entre sus consecuencias, la guerra contribuyó a delimitar los partidos políticos a partir del problema religioso, de modo que el dualismo entre el individuo laico del liberalismo y el sujeto moral del conservadurismo convirtieron al Estado en una arena de lucha, incapaz de representar el interés general. El componente cuasi-internacional de la guerra con el Ecuador pudo ayudar a que el sentimiento nacionalista se exacerbara pero no fue así, pues predominó la identidad partidista entre los ciudadanos de uno u otro país, por encima de sus identidades nacionales. A corto plazo, la guerra contribuyó a la formación del Estado como ente centralizado de poder y de administración pública, como referente de la comunidad nacional.
Las Sociedades Democráticas liberales y la Guardia Nacional Auxiliar se armaron, apoyaron al Gobierno e hicieron posible la amplia participación del pueblo liberal y el triunfo del Gobierno de López. Fueron un elemento articulador del orden político interno por su extendida presencia en el territorio nacional, y por ello, contribuyeron a la construcción de la ciudadanía y al fortalecimiento del Estado como organismo de coacción.
En medio de la guerra la correspondencia escrita, la prensa y los partidos ayudaron a la construcción de la nación y de la opinión pública, como espacio de participación política moderna, pues generaron vínculos políticos entre las élites regionales y los ciudadanos, y entre éstos y el centro del poder nacional. El triunfo de la guerra por parte de los liberales permitió oficializar la Constitución liberal radical de 1853, una plataforma ideológica para las transformaciones hasta 1885, cuando la nación estuvo bajo Gobiernos liberales radicales. Con ella se logró el establecimiento de un "Estado mínimo", que no interviniera la economía ni en los asuntos internos de las regiones. Éstas pasaron a ser Estados federales, lo que impidió, a medio plazo, que el Estado se hiciera un fuerte ente de poder impositivo, pues se le mermaron las atribuciones y los recursos fiscales para cumplir con el desarrollo nacional y el monopolio de la fuerza. Ello permitió la consolidación de las élites y sus regiones.
La misma Constitución configuró el Estado neutro en cuestión de moral, lo que llevó a plantear la libertad de cultos y la separación del Estado y la Iglesia y logró ampliar, formalmente, la integración política de los sectores bajos con el voto universal masculino y directo. Sin embargo, la ampliación de la ciudadanía no trajo verdaderas mejoras para las clases bajas, pues las élites liberales ampliaron más las libertades por arriba, más que por abajo, y no hubo una redistribución de las mejoras económicas y una transformación de la cultura política popular. Las acciones políticas contribuyeron a posícionar el antagonismo como forma de relación entre los partidos políticos. Debido al explícito carácter partidista que asumió el Estado y la Constitución, aquel fue incapaz de generar la representación de la nación como unidad simbólica de la sociedad, elemento fundamental para la modernidad política de cualquier nación occidental. Aunque el liberalismo ganó la guerra, sus logros fueron muy parciales, pero significaron un hecho fundamental que marcó profundamente el siglo XIX, pues se constituyó en fundador del proceso de modernización que marcaría la historia de la nación colombiana.
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