El ministerio público debe ser el encargado de la dirección de la fase pre-procesal, con la policía dependiente de él. La actuación del Ministerio Fiscal debe ser imparcial, y la imparcialdiad estará garantizada por la adopción de un sistema acusatorio, de un criterio de actuación basado en el pricipo de legalidad atenuado por la oportunidad reglada y/o por el consenso. La garantía de imparcialidad se completa con la independencia del Ministerio Fiscal respecto a cualquiera de los poderes y con la ausencia de jerarquía.
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