La democratización del orden público en la segunda república española: cultura, política y policía, 1931-1936
- Autores: Sergio Vaquero Martínez
- Directores de la Tesis: Diego Palacios Cerezales (dir. tes.), Fernando del Rey Reguillo (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2018
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (presid.), Sandra Souto Kustrín (secret.), Manuel Álvarez Tardío (voc.), Julius Ruiz (voc.), Óscar Jaime Jiménez (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid
- Materias:
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- Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
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- Resumen
El objetivo de la presente tesis doctoral consiste en realizar un análisis histórico del mantenimiento del orden público en la Segunda República española, entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936. En primer lugar, en la dimensión cultural se estudian los discursos, las imágenes y los significados que conformaron la cultura del orden público. En segundo término, en la dimensión institucional se analizan las leyes de orden público y las organizaciones policiales más relevantes. Seguidamente, se examina la configuración contextual del poder político de los diversos gobiernos, considerando el apoyo o la oposición de los principales actores, mediante la formación de coaliciones antagónicas que presionaban por la aprobación de políticas duras o suaves de orden público. Para concluir, se estudia el proceso de construcción de dichas políticas diferenciando cuatro fases: la elaboración, analizando el diseño que realizaron las élites políticas en el Gobierno y el Parlamento; la operativización, estudiando las reformas y contrarreformas de las fuerzas policiales; la implementación, examinando el control policial de la protesta colectiva en tres provincias concretas (Madrid, Badajoz y Alicante); y la significación, analizando las diferentes interpretaciones que los medios de comunicación realizaron sobre los resultados de las distintas políticas de seguridad.
Este estudio demuestra la existencia en aquellos años de una intensa competición entre numerosos actores por establecer un modelo determinado de orden público, el cual estaba constituido por un conjunto específico de discursos, imágenes, significados, políticas, organizaciones y prácticas. Considerando los distintos gobiernos, es posible identificar al menos cuatro modelos. El primero fue el modelo de la ¿defensa de la República¿, que fue implementado por republicanos de izquierda como Manuel Azaña o Santiago Casares en el primer bienio, si bien algunos de sus atributos fueron avanzados por Miguel Maura durante el Gobierno Provisional. El segundo fue el de la ¿República contrarrevolucionaria¿, que fue desarrollado por radicales conservadores como Rafael Salazar Alonso, Eloy Vaquero y Joaquín de Pablo Blanco entre 1934 y 1935. El tercero fue el modelo de la ¿República de orden¿, el cual fue aplicado en los meses iniciales y finales del segundo bienio por gobernantes liberales como Manuel Portela Valladares, Manuel Rico Avello y Ricardo Samper. El último modelo fue el de la ¿República antifascista¿, que fue una derivación del primer modelo elaborada en 1936 por políticos de izquierda republicana como Santiago Casares, Amós Salvador y Juan Moles.
Esta investigación prueba también que durante el periodo republicano tuvo lugar un proceso de democratización de la administración de orden público contingente, porque estuvo sujeto a múltiples factores; discontinuo, debido a que hubo etapas reformistas y contrarreformistas; conflictivo, dado que vino acompañado de un enorme aumento de la movilización social y la violencia política; e incompleto, ya que fue interrumpido por la rebelión militar de julio de 1936. El principal problema fue que los diferentes gobiernos no lograron retener los apoyos suficientes en los campos político, burocrático, social y mediático para solucionar el dilema del orden público. Por esta razón, no fueron capaces de gestionar los costes políticos derivados de la represión ¿del empleo de la fuerza para controlar las protestas¿ y de la abstención ¿de la desprotección de las víctimas causadas por la movilización¿, manteniendo dos tipos de legitimidad: la generada por la reforma de la administración policial ¿que fue infravalorada por los gobiernos radical-cedistas¿ y la producida por el mantenimiento del orden ¿que fue descuidada por los gobiernos de izquierda.
