La titularidad pública de los medios de comunicación social de información general después de la Constitución de 1978: el diario Lanza, de Ciudad Real

• Autores: Pedro Peral Martín
• Directores de la Tesis: José Ignacio Bel Mallén (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Navarra ( España ) en 2002
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: José María Desantes Guanter (presid.), Juan de los Angeles Villena (secret.), Luis Escobar de la Serna (voc.), Loreto Corredoira y Alfonso (voc.), Leopoldo Abad Alcalá (voc.)
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• Resumen

  • Esta investigación aborda el proceso de transición informativa que tuvo lugar en España a partir de la Constitución de 1978.

    Se estudia los medios públicos procedentes del régimen totalitario anterior y la adaptación de los mismos al artículo 20.3 de la Constitución, que dice:

    "La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier otro ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos políticos y sociales significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España".

    Respecto a los medios audiovisuales, dicha ley fue dictada en enero de 1980. La agencia EFE fue transformada en sociedad anónima. Los 41 medios escritos del Estado y de la Organización Sindical fueron enajenados o clausurados.

    Lanza, de Ciudad Real, y Lucha, de Teruel, dependientes de las respectivas Diputaciones Provinciales, quedaron sin regulación legal. Ambos periódicos son editados, como servicios públicos, por Fundaciones creadas por aquellas Entidades. El autor combate que la edición de un diario de información general sea un servicio público: mantiene que es una actividad de interés público o, en la mejor de las hipótesis, un servicio público impropio.

    Lanza ha sido objeto de recursos contencioso-administrativos formulados por los grupos políticos de la Corporación y la Asociación de la Prensa de Ciudad Real. En 1990, el Tribunal Supremo declaró ilegales varios artículos de los Estatutos de la Fundación Pública de 1987 por entender que no respetaban el pluralismo político.

    La investigación propone la privatización del diario o que su organización y control parlamentario se regulen por le estatal.