La defensa letrada en el proceso penal español
- Autores: Pablo García Molina
- Directores de la Tesis: Arturo Álvarez Alarcón (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Cádiz ( España ) en 2018
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín (presid.), María Isabel González Cano (secret.), Alfredo Gaito (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz
- Materias:
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
- Resumen
Este trabajo aborda la defensa letrada en el proceso penal español. Respecto a su estructura, el mismo se divide en dos partes.
En la primera de ellas, compuesta por los dos primeros capítulos, se analiza el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado consagrados en el art. 24 CE, con el fin de contextualizar el marco en el que se desarrollará este trabajo a continuación.
Para ello, se parte, en el primer capítulo, del examen del derecho a la defensa, derecho fundamental consagrado en el art. 24.2 CE, analizando en qué consiste y cuál es su contenido y fundamento. Asimismo, se estudian las formas en las que es posible ejercerlo, cuándo nace y cuándo finaliza, y si es posible o no renunciar a él.
En el segundo capítulo se aborda el derecho a la asistencia de letrado, expresión del más genérico derecho a la defensa, que, al igual que el anterior, también tiene el rango de derecho fundamental por cuanto está contemplado en el art. 24.2 CE. A su vez, este capítulo se subdivide en dos grandes apartados. En el primero de ellos se estudia en qué consiste y cuál es el fundamento de este derecho; cuándo resulta preceptiva su asistencia y cuándo, por contra, esta es potestativa; así como las posibilidades de renuncia de este derecho, analizando los supuestos en los que ello es posible. En el segundo apartado se hace una breve aproximación a la figura del abogado y a los requisitos que ha de cumplir para poder ejercer como abogado de libre designación como de oficio.
En la segunda parte, compuesta por los siguientes cinco capítulos, se estudia la defensa letrada en cada una de las fases del proceso penal español, deteniéndonos especialmente en aquellas cuestiones que, por no estar reguladas o estarlo insuficiente o deficientemente, requieren que se llame la atención sobre las mismas para que el legislador las aborde inmediatamente.
Así pues, esta segunda parte comienza con el tercer capítulo, que versa sobre la asistencia de abogado al detenido en las primeras diligencias policiales y judiciales. Esta fase ha sido ampliamente modificada tras las reformas procesales de estos últimos años. Ello, en contra de lo que se podría pensar, no es ni mucho menos un mal augurio para el lector, que lejos de encontrarse en este capítulo con que todo está resuelto y la labor del abogado se desarrolla sin impedimentos, podrá comprobar como, pese a que ciertamente se han producido algunas mejoras que ya eran innegables, aún subsisten muchas trabas injustificadas en la labor del letrado. Por ello, tras analizar cuál ha de ser el sentido y la amplitud de la asistencia del abogado al detenido en las diligencias policiales, se hace un pormenorizado examen de su intervención en los primeros momentos tras su detención, desde el tiempo que tiene para practicar la asistencia desde que recibe el encargo para ello, hasta cuál ha de ser su intervención en cada una de las ocasiones en las que esta está prevista. Finalmente, se analiza en este capítulo en qué consiste la defensa letrada en las diligencias preliminares del Ministerio Fiscal.
En el cuarto capítulo se estudia la defensa letrada en la fase de instrucción. Se parte de cuál es la relación del abogado defensor con los actores del proceso penal, para, a continuación, analizar pormenorizadamente su intervención en la práctica de las principales diligencias de investigación que pueden llevarse a cabo en esta fase del proceso. También se abordan con detalle los supuestos en los que es posible la representación procesal por abogado, analizándose si no se debieran de extender los mismos con carácter general a todos los procedimientos. La defensa letrada y el uso de las nuevas tecnologías en la instrucción, así como las garantías que deben observarse cuando el abogado es el sujeto pasivo de las diligencias de investigación tecnológica, son otras de las materias que es preciso analizar, especialmente a raíz de las últimas modificaciones que al respecto se han producido en la LECrim. Asimismo, se estudia la posibilidad de que en esta fase del proceso puedan intervenir varios abogados y la posibilidad de que, en caso de que solo intervenga uno, este sea sustituido, provisional o definitivamente, por otro abogado. Finalmente, se hace un estudio sobre la posibilidad de acceso al atestado en esta fase del proceso, su extensión y límites, así como su relación con la publicidad del proceso y las consecuencias que tiene para la labor del defensor y para la defensa del defendido el posible quebranto de esta a través de los medios de comunicación.
El quinto capítulo trata sobre la defensa letrada en la fase intermedia, de vital importancia al tener como objeto la preparación del juicio oral. Es por ello por lo que comienza haciéndose un estudio sobre la calificación provisional de la defensa y la conformidad. También se analiza la intervención del abogado en la mediación penal, tanto en calidad de defensor como en calidad de mediador penal. Finalmente, se estudia el señalamiento y la suspensión del juicio oral y su celebración inaudita parte.
En el sexto capítulo se estudia la defensa letrada en la fase de juicio oral. En este capítulo se comienzan analizando aspectos que, aunque a priori parezcan banales y sin importancia, pueden tener una influencia directa en el proceso. Nos referimos a aquellos aspectos que tienen que ver, por un lado, con el lugar que ha de ocupar el letrado en Sala según el rol que desempeñe, y, por otro lado, a la indumentaria con la que ha de acudir a ella. Aunque parezca mentira, como tendremos oportunidad de comprobar, estas cuestiones han provocado desencuentros entre jueces y abogados que han acabado teniendo repercusión procesal. Al igual que hacíamos en el capítulo cuarto en relación a la fase de instrucción, ahora también se analiza la posibilidad de que el abogado pueda ser sustituido por un compañero en el acto del juicio oral y la posibilidad de que puedan concurrir a este varios abogados que actúen simultáneamente. A continuación, se analiza la intervención del abogado en cada una de las diligencias de prueba que se practican en el juicio oral. Asimismo, se aborda el uso de las nuevas tecnologías en esta fase del proceso, especialmente, en lo relacionado con el uso de teléfonos móviles, tabletas u ordenadores portátiles y con el uso de la videoconferencia, así como la documentación del juicio oral. Tras ello se aborda la extensión y límites de la libertad de expresión del abogado que, aunque debe protegerse durante todo el proceso, alcanza su culmen durante el trámite de calificación definitiva y, especialmente, el informe oral. Para finalizar este capítulo, se estudia la intervención del abogado en los recursos que se puedan formular contra la sentencia.
El séptimo capítulo versa sobre la defensa letrada en la ejecución y, especialmente, en las situaciones de privación de libertad. De este modo, se aborda la intervención del abogado cuando su defendido se encuentra en libertad y, con particular énfasis, en la situación del condenado a pena privativa de libertad.
En el octavo capítulo se estudia la defensa letrada en otros procesos y procedimientos penales, y, más concretamente, en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, en el proceso por aceptación de decreto, en el procedimiento para el juicio sobre delitos leves, en el procedimiento para el enjuiciamiento de la responsabilidad penal de los menores y en la jurisdicción penal militar.
Finalmente, se formulan conclusiones en las que se realizan propuestas de lege ferenda que permitan subsanar los problemas detectados.
