El mandato constitucional -establecido en el artículo 53.2 CE- para que el legislador establezca procedimientos para la protección, ante la jurisdicción ordinaria, de los derechos fundamentales nunca ha tenido concreción en lo que respecta a los derechos contenidos en el artículo 24 CE. Este déficit de tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal -entendido como un conjunto de principios, derechos subjetivos y garantías procesales constitucionalizados- se deriva tanto de su particular ámbito de ejercicio, como el sujeto pasivo de estos derechos: el proceso y el poder judicial, respectivamente. Es decir, es la propia naturaleza de los derechos que integran esta categoría lo que impide que su protección pueda ser realizada de la misma manera en que se tutela el resto de los derechos fundamentales.
La ley 1/2000, de enjuiciamiento civil reconoce el problema señalado y, por primera vez en el ordenamiento jurídico post-constitucional, se ocupa de manera sistemática de la protección de los derechos fundamentales de naturaleza procesal.
El trabajo de investigación se ocupa del estudio del sistema de tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal en la reciente Ley de Enjuiciamiento Civil. La tesis se encuentra dividida en tres partes y un epílogo. En la primera parte, la tesis partiendo de la doctrina existente sobre los derechos fundamentales, realiza un análisis de cuales son los derechos cuya naturaleza y contenido incide específicamente en el proceso, estudia su ubicación constitucional y analiza el mandato dirigido a su tutela contenido en el artículo 53,2 constitucional, destacando el déficit de protección que ha caracterizado a estos derechos. Posteriormente, en la segunda parte, se aborda el análisis del sistema para la protección a los derechos fundamentales procesales planteada en el texto original de la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000, de 7 de enero, destacando el nuevo enfoque d
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