El objeto del trabajo de investigación se centra en una revisión de la institución del Defensor del Pueblo durante estos quince años de vigencia.
El evidente desfase entre realidad y norma supone que esta revisión se fundamente, principalmente, en la experiencia práctica de esta figura, en su adaptación a las nuevas exigencias sociales. Desde esta perspectiva se busca el sentido de una institución de garantía cuya adopción respondió a la necesidad de perfeccionar el sistema de garantías constitucionales. Su función, competencias y, en definitiva, su experiencia, determinarán su funcionalidad en el campo de los derechos del Título I CE y, en especial sobre aquellos núcleos dogmáticos más desprotegidos por el ordenamiento jurídico y sobre los cuales el Defensor del Pueblo se presenta como un complemento importante para su protección.
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