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Las competencias de la Comunidad Europea en materia social

  • Autores: José María Miranda Boto
  • Directores de la Tesis: Joaquín García Murcia (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Oviedo ( España ) en 2008
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Antonio Martín Valverde (presid.), Francisco Pérez de los Cobos y Orihuel (secret.), Jesús Cruz Villalón (voc.), Jesús M. Galiana Moreno (voc.), Christophe Vigneau (voc.)
  • Materias:
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • A partir del principio atributivo, plasmado en los Tratados constitutivos y modulado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las Comunidades Europeas disponen en la actualidad de un considerable haz de competencias en materia social. Sometido su ejercicio a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ninguna de estas atribuciones de competencias tiene carácter exclusivo, sino que por el contrario reparten la capacidad de actuación entre Estados y Comunidad. Como contrapeso, a lo largo de los tratados se encuentran diversos mecanismos que limitan la acción comunitaria en un campo de tanta relevancia política como el considerado.

      El primer ámbito de competencias se encamina a la consecución de un mercado de empleo trasnacional, creando reglas de carácter supranacional. El segundo ámbito persigue la armonización de las legislaciones nacionales, en su dimensión interna. Un tercer campo de actividad busca la articulación entre sistemas nacionales, construyendo normas de conflicto que ponen en contacto unos ordenamientos con otros, sin modificar su sustancia. Otra parcela de actividad se encamina a la construcción de un sistema comunitario de relaciones laborales, si bien es muy limitado aún. Debe destacarse la actividad de los agentes sociales en este plano supranacional, a través de la figura genuinamente comunitaria del diálogo social, que les implica en el proceso legislativo. Más allá de los límites del Derecho, un quinto repertorio de competencias comunitarios toma como base la coordinación de las políticas nacionales, empleando instrumentos no vinculantes y de carácter orientador y comparativo. Por último, se puede detectar un esfuerzo comunitario de construir un espacio de ciudadanía europea, dentro de la cual hay un todavía tibio núcleo de ciudadanía social.


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