Dado el Estado de Derecho las garantías jurisdiccionales reactivas son piedra angular que evitan las consolidaciones de atentados a estas libertades constitucionales, convirtiéndolas en reales y efectivas. En la Constitución española aparecen remedios procesales destinados exclusivamente a la protección de determinados derechos fundamentales, constituyendo una tutela judicial privilegiada. Es el caso del procedimiento preferente y sumario, desarrollado en sede de jurisdicción ordinaria, previsto en el art. 53.2 de la Constitución española; se trata de obtener una protección judicial sustancialmente rápida dada la relevancia de los bienes jurídicos protegidos, fundamento del orden político y de la paz social, estando los jueces y tribunales ordinarios llamados a ser garantes naturales de los derechos fundamentales.
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