Bajo el título de "Autonomía del Ministerio Fiscal y proceso penal", se ha tratado de analizar y, esencialmente, concluir, si el Ministerio Discal, actualmente, desde el punto de vista de su estructura organizativa o de sus principios orgánicos, constitucionalmente consagrados y desarrollados en su Estatuto de 1981, está en condiciones de asumir, con plenas garantías de objetividad e imparcialidad, las funciones que en nuestro ordenamiento jurídico le corresponde cumplir, tanto de lege data como de lege gerenda, esto es, tanto desde el punto de vista de los cometidos que a día de hoy le están atribuídos como desde el punto de vista de las funciones que en un futuro, más o menos inmediato, le puedan ser otorgadas. Interrogante el apuntado que cobra especial trascendencia a la vista de la última reforma operada en el Estatuto Orgánico Ministerio Fiscal por la Ley de 9 de octubre de 2007, puesto que la misma ha sido presentada ante la opinión pública con el propósito de avanzar en la autonomía y reforzar la apariencia de imparcialidad de la Institución frente a la sociedad, a fin de establecer uno de los presupuestos que desde siempre y reiteradamente han sido exigidos por la doctrina patria para la reforma de nuestro enjuiciamiento criminal. Para ese propósito han sido sucintamente examinadas esas funciones actuales y de futuro y la manera en que su ejercicio por el Fiscal pueden condicionar el curso y desarrollo del proceso penal. Con ese mismo fin y por exigencias mwtodológicas, se ha analizado también el principio estructural más significativo del Ministerio Fiscal, como es el de dependencia jerárquica, -con sus dos dimensiones (externa o institucional e interna o profesional)- y se ha estudiado la naturaleza de la Institución y su ubicación entre los poderes del Estado. Finalmente, también ha sido objeto del trabajo analizar, esencialmente, de Constitutione constante, esto es, admitiendo el modelo impuesto por la Constitución vigente y desarrollado por el EOMF de 1981, los filtros y contrapesos que pueden ser utilizados como mecanismos eficaces para mitigar la actual dependencia gubernamental de la Institución y las garantías que pueden establecerse para la consecución de un Fiscal más autónomo en el ejercicio diario de sus funciones, tanto actuales, como, especialmente, desde el punto de vista de las que le puedan ser otorgadas en un futuro.
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