Resumen de Cohesión territorial y gobernanza multinivel: hacia la construcción de un espacio administrativo común como medio de eficiencia europea
La ampliación sin precedente de la Unión Europea hacia ¿el Este¿ obligó a las instituciones comunitarias a revisar los tratados con el fin de permitir al sistema existente hasta entonces seguir funcionando y no estancarse en unos procesos decisorios ya complicados con quince miembros, y naturalmente impensables con veinticinco, treinta o más. Tras el fracaso, también sin precedente, del Tratado Constitucional, el Tratado de Lisboa entró en vigor, intentando responder a los desafíos impuestos por una Unión ampliada a más de quinientos millones de ciudadanos.
Entre esos desafíos, resulta especialmente relevante el tema del futuro de la política de cohesión y, con ella, la configuración de un territorio europeo y de sus fronteras. Aún más cuando se le asocia otra problemática relacionada con la construcción europea: la cada vez mayor lejanía que existe entre la UE y sus ciudadanos (el llamado ¿déficit democrático¿), que, a su vez, debe estar puesto en relación con la actual crisis que atraviesan muchos países miembros.
Pues bien, por todo lo anterior, no sería exagerado decir que nos encontramos en un punto decisivo de la integración europea que conlleva, si queremos que subsista la propia UE, la necesaria restauración de la confianza en sus instituciones y la reunión de los ciudadanos a través de un nuevo proyecto.
Claramente, los entes territoriales, en el sentido amplio del término, tienen aquí un importante papel para jugar. Si bien es cierto que, hasta el momento, su experiencia europea ha sido en gran parte decepcionante, siendo, normalmente, meros ejecutores pasivos del Derecho de la UE, sin actuación activa en el proceso de toma de decisión, el Tratado de Lisboa parece abrirles nuevos horizontes, ratificando, por primera vez, su implicación, especialmente a través del principio de subsidiariedad.
