José Luis Domínguez Figueirido
Este trabajo de investigación analiza la capacidad que presenta la información policial sobre el delito para aportar racionalidad al sistema penal y, más concretamente, a la legislación penal.
A estos efectos, en la parte teórica de la investigación se expone el sentido sociológico funcional de la policía y de la seguridad. Dentro del entramado institucional destinado al control del riesgo-delito que se estabiliza con el modelo de estado liberal, y que de manera habitual recibe la denominación de sistema de justicia criminal, la policía se caracteriza por aparecer como la natural depositaria de la violencia legitima y queda ubicada entre el sistema político y el sistema jurídico. Esta última nota implicara que en su lógica de funcionamiento coexisten dos códigos directivos: el que mira hacia la eficacia de los resultados obtenidos y el que atiende al carácter lícito-ilícito de los comportamientos controlados. La difícil convivencia de estos dos códigos se resuelve con la generación de espacios legislativos o pragmáticos- de discrecionalidad, que resultan coherentes, desde una perspectiva funcional, con las necesidades de ambos sistemas.
Sobre esta base, el estado social y democrático de derecho supone el establecimiento de una serie de exigencias en materia de control penal (en el marco de los modelos penales garantista y resocializador). Esta investigación pone de manifiesto que estas exigencias también son traducidas en el ámbito policial y de la seguridad, y que como consecuencia de las mismas surge la necesidad de crear unas políticas públicas de seguridad. Pero al mismo tiempo constata que la policía y la seguridad han ocupado un lugar secundario en los modelos penales tradicionales. Esta situación se ve profundamente modificada en el marco de la crisis del estado de bienestar en la que se teoriza sobre las manifestaciones de la crisis del derecho penal y del sistema penal. En este contexto vuelven a emerger modelos penales y criminológicos de signo autoritario. Se habla doctrinalmente de la aparición de modelos securitarios que otorgan un papel central a la policía en el seno de las estrategias penales.
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