Resumen de Las penas privativas de derechos políticos y profesionales: estudio de algunas cuestiones básicas para un futuro modelo regulativo
Hace ya algunos años que desde diversos sectores de la doctrina penal se viene poniendo de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una modificación del sistema de penas del Código Penal de 1995 para adecuarlo a las formas de criminalidad propias de la actual sociedad del riesgo. En este contexto, las penas privativas de derechos -y especialmente las privativas de derechos políticos y profesionales- se perfilan como una de las categorías punitivas llamadas a experimentar un importante desarrollo, en la medida en que parecen adecuarse a la perfección a las características de las más modernas modalidades delictivas.
Sin embargo, la regulación de estas penas en el Código Penal de 1995 -heredera en sus líneas maestras del Código de 1848- presenta aún importantes vestigios de la concepción infamante que ha estado presente tradicionalmente en su regulación y que resulta incompatible con los principios inspiradores del Derecho Penal democrático.
Por esta razón, el proceso de expansión de las penas privativas de derechos debe ir precedido de un estudio de las mismas dirigido a establecer las bases esenciales que permitirán el diseño de un nuevo modelo de regulación que, además de sacar el máximo partido a su importante potencial preventivo general y especial, se adecue a las exigencias preventivas de las formas de criminalidad emergentes y sobre todo a los principios y exigencias del Derecho penal democrático.
Con este planteamiento como punto de partida, y tras una primera aproximación histórica y conceptual a la categoría de las penas privativas de derechos, se aborda el estudio del fundamento y los fines de las penas privativas de derechos políticos y profesionales.
