Vivienda y desahucio, binomio inclusión-exclusión social
- Autores: Rafael Arredondo Quijada
- Directores de la Tesis: Luis Gómez Jacinto (dir. tes.), María de las Olas Palma García (codir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Málaga ( España ) en 2017
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Florencio Jiménez Burillo (presid.), Trinidad López Espigares (secret.), Enrique Pastor Seller (voc.)
- Materias:
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- Tesis en acceso abierto en: RIUMA
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- Resumen
La investigación que da pie a esta tesis doctoral, realiza una revisión de las medidas y mecanismos que la administración pública española, en el marco territorial autonómico, ha incorporado para hacer factible el acceso a una vivienda digna y adecuada. Analiza lo recogido en sus propias leyes autonómicas y en otros marcos legislativos específicos tales como leyes de vivienda, leyes de inclusión social-rentas mínimas de inserción o leyes de servicios sociales. Se exploran además las consideraciones que se tiene sobre la vivienda, su utilización como motor económico en el desarrollo del país, las circunstancias internacionales y nacionales que han originado la situación actual desde el año 2008, y los efectos que esto supone de cara a las personas, a su desarrollo y al riesgo de entrar en procesos de exclusión social.
De cara al trabajo empírico, se toman en consideración toda una serie de variables que se ven afectadas o afectan, de manera directa o indirecta, para el acceso a una vivienda digna y adecuada o como consecuencia ante la imposibilidad de disponer de ella. Se realiza un análisis de la información recogida en los censos de población, las ejecuciones hipotecarias, los lanzamientos positivos realizados, el presupuesto dedicado por cada comunidad autónoma a la vivienda, la proporción de este presupuesto sobre el total, la demanda atendida y registrada en el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), por temas relacionados con la vivienda, la tasa de paro, el número de suicidios, el número de viviendas libres terminadas, las que son consideradas como principales y secundarias, las que tienen la calificación de vivienda de protección, las que están vacías y el total de ellas. Todo este conjunto de indicadores sirve de base para el posterior desarrollo de conclusiones y propuestas.
Las actuaciones en materia de vivienda deberían tener como objetivo final la inclusión social, como elemento potenciador para la cohesión que impidiera cualquier posible fractura y desigualdad, en la que el Trabajador Social se sitúa como profesional de referencia (Muñoz, 2008). Sin embargo, la situación generada tras los numerosos desahucios producidos en el conjunto del Estado, conlleva el incremento de personas atendidas por el Sistema de Servicios Sociales y otros recursos asistenciales, tanto por el problema directo con la vivienda como por el conjunto de situaciones que se ven relacionadas por la falta e imposibilidad de acceder a ella, con el coste personal y social que implica. La vivienda es “mucho más que un simple activo financiero (…) con grandes implicaciones para la persona, la comunidad y la sociedad en su conjunto” (Rolnik, 2009, p. 25). Aunque la política de vivienda no ha sido hasta el siglo XXI cuando ha visto su necesidad de impregnarse de contenido social (Vázquez, 2009), es necesario concebir, sensibilizar y generar todas las dinámicas posibles, para que ésta en sí misma, sea realmente abordada como un derecho humano, ya que de lo contrario: … supone seguir privando de una vida digna a cada vez más ciudadanos y eso debiera servir de reflexión para nosotros que, como profesionales, es importante comenzar a contemplar la vivienda como un derecho humano, como una necesidad básica, como un problema social que tiene nombre propio, el de hombres, mujeres y niños que no pueden desarrollar su vida en un hogar. (Juan Toset, 2011, p. 40).
