La creciente internacionalización de los procedimientos penales exige una dinamización eficaz de la cooperación judicial penal que a su vez, garantice la salvaguarda de los derechos fundamentales procesales de “sospechosos y acusados” en todo el Espacio Judicial Europeo. Afronta esta tesis el análisis crítico del tratamiento legislativo y jurisprudencial de esas garantías procesales penales en el seno de la UE a los efectos de dilucidar si existe una dimensión propiamente europea de su tutela, así como para valorar su impacto en el seno de la instrucción penal nacional y su eventual efecto profundizador de la labor tuitiva de garantías procesales encomendada al Juez de Instrucción.
A tal efecto, se examina la evolución de la UE desde esa perspectiva de salvaguarda de los derechos fundamentales procesales en el ámbito penal, antes y después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, destacando las novedades del diseño jurídico institucional resultante de la reforma operada por el mismo y las renovadas y complejas posibilidades de tutela judicial de derechos fundamentales derivadas de aquel. Notoriamente: la eficacia jurídica conferida a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE con valor de derecho originario; su proyectada adhesión al CEDH (e inherente sumisión a la jurisdicción del TEDH); la novedosa creación de una Fiscalía Europea y las nuevas competencias de armonización legislativa desarrolladas por el Programa de Estocolmo. Todo ello, en un cada vez más complejo escenario de interacción entre el TJ, el TEDH y los Tribunales nacionales (constitucionales y ordinarios).
Y precisamente, con ocasión del examen de las Directivas recientemente aprobadas en materia de derechos fundamentales de sospechosos y acusados (acometiendo la aproximación legislativa de los derechos de traducción e interpretación, derechos de información, asistencia letrada y comunicación), así como la relativa a una orden de investigación europea (relacionada con el tema de las garantías probatorias), se acomete un análisis individualizado y pormenorizado de cada uno de aquellos derechos desde la perspectiva de su relevancia en el seno de la instrucción penal nacional. Y ello, al efecto de dar respuesta a la cuestión clave suscitada en este escenario de cambio: si efectivamente se está configurando en el momento actual un perfil específicamente europeo de garantías penales (en cuanto a su sentido y alcance), precisando en tal caso, las implicaciones prácticas del mismo, sobre todo desde la óptica del fortalecimiento de su tutela judicial durante la instrucción penal.
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