La Constitución Federal de 1988 rompió con las atrocidades del antiguo régimen con la asunción de la bandera de derechos iguales para todos y la creación y reconfiguración de instituciones e instrumentos para la defensa de los derechos humanos, fortaleciendo la expectativa de una vida digna de ser vivida y un acceso igualitario al bien salud. Pasados más de 20 (veinte) años, la realidad en la que está inserta el ser humano concreto es muy distinta a las promesas normativas. La sujeción crítica de las normas constitucionales y legales al análisis dentro del contexto en el que estaban ¿ y están ¿ insertas revela su falta de compromiso con la efectiva promoción de los derechos humanos al limitarse a bases supuestamente neutras de abstracción, generalización y universalización que, consecuentemente, condicionan el modo de actuación de los actores sociales responsables por la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de salud. Los actores sociales deben reinventarse para poner en práctica una actuación crítica, nueva, integradora y contextualizada en prácticas sociales emancipadoras, creando la posibilidad de nuevos caminos entre los escombros generados por la visibilización, desestabilización y transformación de los procesos reproductores de un acceso desigual a la salud en Brasil.
Caminos nuevos o reconfigurados con subjetividades activas que posibiliten a los integrantes del Ministerio Público, así como a los demás actores sociales, crear las condiciones materiales e inmateriales para que todos y todas, plural y diferenciadamente, puedan desarrollar sus actitudes y sus aptitudes para empoderarse y empoderar a los demás para que puedan participar activa y afirmativamente en los procesos de lucha por la dignidad humana.
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