Políticas públicas de prevención del embarazo precoz en el marco de la realización de los objetivos de desarrollo del milenio: el caso de Medellín (Colombia)

• Autores: Johana Jaramillo
• Directores de la Tesis: Pilar Trinidad Núñez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Rey Juan Carlos ( España ) en 2017
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Castor Díaz Barrado (presid.), M.ª Ángeles Cano Linares (secret.), Alfonso J. Iglesias Velasco (voc.), M. Dolores Cebria Garcia (voc.), Félix Vacas Fernández (voc.)
• Materias:
  • Ciencia política
    • Relaciones internacionales
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TESEO
• Resumen

  • POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO PRECOZ EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: EL CASO DE MEDELLÍN (COLOMBIA) Tesis doctoral presentada por: Johana Jaramillo Palacio Directora de tesis: Señora Doctora Pilar Trinidad Núñez Universidad Rey Juan Carlos, Madrid Centro de Estudios de Iberoamérica Doctorado en Relaciones Internacionales Iberoamericanas Introducción Son diversos los enfoques y las perspectivas a partir de los cuales se ha abordado y estudiado el embarazo a temprana edad, o embarazo adolescente, fenómeno este que se da como resultado de la conjunción de varias causas de diversa índole. Este fenómeno, lejos de ser una problemática exclusiva de las sociedades del llamado tercer mundo, caracterizadas por los bajos niveles educativos, la precariedad en los servicios de salud y los altos índices de pobreza, es una problemática de carácter global que tiende a generalizarse y que afecta no sólo a la madre adolescente y a su núcleo familiar, sino también al entorno social y económico en cuanto deriva en otras problemáticas sociales asociadas a ella.

    En esta medida, la atención, el cuidado y la educación de los infantes y adolescentes con miras a la prevención del embarazo adolescente debe convertirse en tarea urgente de la agenda política de todas las naciones y traducirse en políticas públicas que pongan en marcha programas de prevención y acciones pedagógicas dirigidas a la población más joven. Para ello es menester el fortalecer acciones efectivas, desde las educativas que garanticen el acceso a la información, así como el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que proporcionen y garanticen el uso responsable de los métodos anticonceptivos, entendiendo con ello a los adolescentes como actores activos en las soluciones y los programas dirigidos a la prevención y reducción de las tazas de embarazo adolescente.

    Metodología La presente investigación es de tipo documental explicativa, dado que parte de la descripción de los diversos conceptos y múltiples factores referentes a la problemática objeto de estudio, en este caso el aumento del índice de embarazos en adolescentes, para pasar al análisis de sus correlaciones, para indagar por las causas de la misma en términos del vínculo casusa-efecto. A partir de dicha descripción y posterior correlación se busca generar un estado del arte en torno al problema de investigación, con miras a ampliar el horizonte referencial y determinar el grado de desarrollo de los programas y acciones de las políticas públicas referentes a la problemática del embarazo en adolescentes en Colombia y la ciudad de Medellín, en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

    Problemática El embarazo en adolescentes se constituye hoy como una problemática global que implica un complejo conjunto de factores equívocos para la sociedad. Actualmente cerca del 15% del total de la población del planeta tiene entre 10 y 19 años (Hindin, 2009), del cual, aproximadamente 16 millones de niñas entre los 15 y los 19 años quedan embarazadas cada año, lo que equivale al 11% del total de nacimientos anuales, de los cuales el 95% ocurre en los países en vía de desarrollo y en los menos desarrollados. Así, se tiene por ejemplo que en Europa 4 de cada 1.000 adolescentes son madres; 36 de cada 1.000 en Asia y 108 de cada 1.000 en África, mientras que en América el 18% de los nacimientos son de madres adolescentes (Dillon, M. & Cherry, A, 2014).

    En el caso de Colombia, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre 2008 y 2013 nacieron anualmente en promedio 159.656 hijos de madres cuyas edades estaban entre los 10 y los 19 años. Según esto, la tasa diaria estaría alrededor de los 435 nacimientos diarios (EL TIEMPO, 2014).

    Específicamente, en la ciudad de Medellín en 1999 existían ya un total de 8.373 casos de embarazos adolescentes, presentando un decrecimiento hasta 2002 con 7.202 casos. Sin embargo, desde entonces y hasta 2006, los casos de embarazo en esta población aumentan, terminando este año con un total de 8.732 casos reportados. Luego de 2006 los casos de embarazo empiezan a decrecer, con un año intermedio como 2010 con 6.960 para finalizar en 2015 con el menor número de casos de embarazo adolescente con 6.108 embarazos.

    Marco Teórico del Embarazo Precoz Concepto de Adolescencia: A la hora de definir la adolescencia no existe un consenso entre los académicos acerca de la franja etaria que le corresponde. Así, por ejemplo, estudios como los de Crockett & Petersen (1994), Cherry & Dillon (2014), Elliott & Feldman (1991), y Flórez et al. (2004), usan rangos tan amplios como el de 10 a 19 años ; otros más recientes, en cambio, ubican la adolescencia desde los 13 a los 19 años (Akella, D. & Jordan, M, 2015). Por otro lado, muchas de las Encuestas de Demografía y Salud llevadas a cabo en varios países de Latinoamérica , y que sirven como fuente de información para muchos otros estudios, presentan como grupo poblacional mujeres entre 15 y 24 años, sin hacer mayor distinción (Pantelides, 2004). Para la presente investigación, y con fines estrictamente metodológicos, se tomará el rango etario comprendido entre los 15 y 19 años definido por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDS- (Profamilia, 2010), la cual es la fuente documental de donde se tomará la información puntual sobre el caso colombiano. Esto no implica desconocer el hecho de que la adolescencia implica procesos más prolongados que inician incluso a más temprana edad.

    Factores determinantes: La problemática del embarazo adolescente debe abordarse tomando en consideración su propio contexto, es decir, considerando todos y cada uno de sus factores y aspectos que actúan sobre los niveles de la fecundidad, denominados determinantes próximos, los cuales se definen como aquellos relacionados con la exposición al riesgo de embarazo, con la concepción y con la gestación, es decir, las decisiones de los adolescentes acerca de tener relaciones sexuales, usar métodos de planificación familiar, unirse, ser madres, y que intervienen entre las normas y la estructura social y su nivel de fecundidad. En esta medida, Simmons (1985) propone un marco conceptual para estudiar dichos factores determinantes en los niveles de fertilidad, en el cual se deben considerar al menos tres niveles de análisis que tienen resonancia directa o indirecta: 1) Los programas y políticas públicas relacionadas con la organización y oferta de los servicios de salud, planificación familiar, educación sexual, empleo y demás bienes o sectores que se racionan con la fecundidad; 2) Factores socioeconómicos macro, es decir, el contexto social que rodea la vida de los adolescentes, en el cual se encuentran las pautas culturales, los preceptos morales y los discursos e imaginarios acerca del matrimonio, el sexo, la pareja, la familia, el amor, etc., y demás aspectos socio-culturales que moldean la comprensión del mundo del grupo social específico; 3) Factores socio-económicos micro, esto es, las características particulares del sujeto y su hogar (Flórez C. V., 2004, págs. 13-14).

    Según Posada (2004) encuentra que el inicio de la cada vez más temprana actividad sexual de los adolescentes suele carecer de una información integral que, además de tocar los aspectos científicos sobre la sexualidad y la salud reproductiva, incluya temas sobre los derechos y las responsabilidades correlativos, situación a la cual se suman barreras culturales, morales y religiosas, además de las falencias de la educación formal y no formal.

    Otro de los estudios obligados en la literatura sobre la problemática en cuestión es el documento de Flórez C. V. (2004). Este considera que aunque la planificación familiar juega un papel importante, otra causa para analizar es que su uso empieza después de que han iniciado relaciones sexuales. Así, una mayor proporción de las adolescentes del estrato bajo inicia relaciones sexuales, no hace planificación familiar ni usa métodos anticonceptivos, se une en pareja y son madres mucho más temprano y más rápido que las del estrato alto.

    Asimismo, en la investigación Factores de riesgo para embarazo adolescente (Gázquez, 2008), la autora lista la diferencia entre los factores estructurales, los factores individuales y los factores institucionales. Sobre los primeros, hace una reflexión sobre factores riesgo como la situación del conflicto armado, la violencia urbana y el desplazamiento, las mujeres y los hombres en ejercicio de la prostitución, la prostitución infantil y otras formas de explotación sexual, así como la situación de exclusión social de los adolescentes en relación con los servicios de educación, salud, empleo e inadecuada formación en salud sexual reproductiva.

    También, en los factores estructurales de riesgo encontramos a la familia como un factor determinante para el desarrollo del adolescente y que está cambiando en varios países hacia los hogares encabezados por mujeres. Sin embargo, estas condiciones de vida pueden tener una implicación negativa en la situación de los jóvenes, particularmente porque la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares encabezados por mujeres (Gázquez, 2008, pág. 53).

    En los factores individuales, Gázquez (2008), así como los otros autores descritos en párrafos anteriores, contempla también que el inicio precoz de las relaciones sexuales es otra condición de riesgo importante, dada generalmente por el afán de compartir y de experimentar la sexualidad y el cuerpo, además de la presencia de la menarca temprana (primera menstruación) que otorga madurez reproductiva a la joven. Asimismo, las adolescentes gestantes buscan en la maternidad el reconocimiento, la afirmación social y la afectividad por parte de la figura paterna; además sufren de presión a ejercicios de la sexualidad temprana que influyen en su autoestima. Por último, en los factores institucionales se describen como principales el déficit en los servicios específicos de atención en consejería sobre salud sexual y reproductiva, el desconocimiento en los derechos en salud y los inadecuados horarios de prestación de servicios para las personas jóvenes que estudian y/o trabajan.

    Estado del arte Partiendo de lo más general a lo particular, se hará una revisión bibliográfica de los estudios más representativos realizados en los años recientes sobre la problemática del embarazo en adolescentes, tanto en España como en varios países de Latinoamérica, hasta llegar al contexto colombiano.

    España: Como resultado de las conclusiones derivadas de las encuestas realizadas sobre los comportamientos y hábitos sexuales de los adolescentes españoles, el “Manual de salud reproductiva en la adolescencia” (Buil, Carlos et al., 2001) se propone dos objetivos fundamentales: 1) prevenir el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual, y 2) promover la salud y la mejora en la calidad de vida de los jóvenes a través de una efectiva educación sexual basada en los conocimientos científicos que recoge la obra referentes a todos los aspectos, tanto biológicos, sociales, psicológicos, y culturales que definen y determinan a los jóvenes.

    En el marco de dicha obra se encuentra el capítulo “Embarazo en la adolescencia” (Lete, Iñaki. et al., 2001) para el caso de España. Basándose en las estadísticas del país sobre el tema, los autores concuerdan en muchos de los postulados referentes a los determinantes que inciden en la problemática, así como en sus muchas consecuencias. Señalan que por lo general el embarazo adolescente es no planificado y no deseado; en el caso de España el 89% de los embarazos adolescentes son no deseados, lo cual conlleva para las adolescentes más que un problema médico, un problema social que supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de la joven, además de condicionar, definitivamente, su estilo de vida (pág. 817).

    Latinoamérica: A diferencia de España, en el contexto Latinoamericano y del Caribe son mucho más abundantes los diferentes trabajos e investigaciones que se han venido realizando sobre la problemática del embarazo precoz desde finales del siglo pasado en países como Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile, y Cuba, entre otros, los cuales han posibilitado la realización de otros tantos estudios más generales y comparativos a nivel regional en años más recientes.

    Uno de estos estudios regionales es el titulado “La situación actual del embarazo y el aborto en la adolescencia en América Latina y el Caribe” (Guzmán, 2001), el cual hace un análisis de estos dos aspectos de la salud reproductiva de los adolescentes -embarazo y aborto- a partir de los datos disponibles en las Encuestas Demográficas y de Salud, las Encuestas de Salud Reproductiva regionales, las encuestas específicas de cada país, los censos y las estadísticas vitales en aquellos países con registros confiables. Con respecto a estas encuestas y al uso de sus resultados, el autor señala que existen insuficiencias en cuanto a la capacidad de los países para implementar programas efectivos con miras a dar respuesta a las crecientes necesidades de la salud reproductiva de los adolescentes, debido, principalmente, a la poca información y análisis, tanto de la situación como de las tendencias de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, así como de los diversos factores que la determinan (pág. 392).

    Con un enfoque similar al precedente, el texto titulado “Factores relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años en América Latina y el Caribe” (Gómez, Pío. et. al., 2011) se da como un documento de carácter informativo que sintetiza la información disponible hasta el momento sobre la problemática del embarazo precoz en adolescentes menores de 15 años. Según el documento, tanto el embarazo adolescente como el abuso y la violencia sexual, que son solo unas de sus múltiples causas, son en sí mismos graves problemas de salud pública y de derechos humanos cuyas consecuencias biológicas, psicológicas y sociales para las adolescentes son bastante graves, y que además no han recibido el suficiente seguimiento y análisis en pos de su prevención y el manejo adecuado desde los servicios de atención.

    México: En el caso de México se pueden citar tres referentes que aportan al estudio de la problemática en cuestión: los dos primeros de Claudio Stern (1997 y 2004) y el tercero de Lourdes Campero (2013).

    En primer lugar está el ensayo titulado “El embarazo en la adolescencia como problema público: una visión crítica”, (Stern, 1997) el cual refiere al embarazo adolescente como un problema social en cuanto atañe a la sociedad en su conjunto y no solamente a las personas y familias involucradas, para lo cual resume los argumentos que generalmente se esgrimen para definirlo como tal, los cuales son: a) su supuesto incremento; b) su contribución al crecimiento acelerado de la población; c) sus efectos adversos sobre la salud de la madre y del niño; y, d) su supuesta contribución a la persistencia de la pobreza (pág. 138).

    En segundo lugar está el artículo “Vulnerabilidad social y embarazo adolescente en México” (Stern, 2004), en el cual se analiza, a partir del método etnográfico, cómo diversos factores socioculturales como la permanencia en la escuela, la educación sexual, las oportunidades y aspiraciones de vida y la existencia de redes familiares y sociales de apoyo de las jóvenes, inciden en la frecuencia de los embarazos durante la adolescencia.

    El tercero es el artículo “Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: evidencias y propuestas” (Campero, L. et al., 2013) en el que los autores describen el estado de la temática en México. Según citan, los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 indican que la población de 12-19 años de edad representa el 15.6% de la población total del país. (299).

    Chile: Sobre la problemática del embarazo adolescente, Chile tiene abundantes estudios e investigaciones desarrolladas entre 1990 y 2007, que en un primer momento fueron en su mayoría diagnósticos descriptivos sobre las características sociodemográficas, sociales y culturales de las adolescentes embarazadas, centrados en la investigación de sus comportamientos sexuales, y dirigidos fundamentalmente a la construcción de políticas, programas y acciones gubernamentales. Posterior a esto, desde el año 2000 se realizan sistematizaciones de estos estudios y diagnósticos, tendientes a profundizar en los conceptos de adolescencia y sexualidad con el enfoque de derechos y la importancia de las representaciones y significados del lugar y el rol de los adolescentes en dichas políticas (Dides, Claudia., et al., 2008, pág. 24). En este orden de ideas se pueden citar dos estudios recientes que abordan dicha problemática. En primer lugar está el artículo “Reproducción en la adolescencia: el caso de Chile y sus implicaciones de política” (Rodríguez J. , 2005) el cual realiza un análisis de los tres últimos censos en Chile y plantea que con respecto a la problemática del embarazo adolescente se evidencia: la generalización de un contexto no matrimonial para esta maternidad; b) el efecto protector de la permanencia en la escuela; c) la importancia de los padres de las adolescentes en cuyos hogares reside la mayor parte de las madres adolescentes, y d) la necesidad de programas integrales para reducir los índices de maternidad adolescente (pág. 123).

    En segundo lugar está el “Diagnóstico de la situación del embarazo en la adolescencia en Chile” (Dides, Claudia., et al., 2008), el cual tiene como propósito revisar y analizar la información previa disponible en el país sobre embarazo adolescente, tanto de estudios e investigaciones, como de los censos y las diversas encuestas sobre población, juventud, reproducción y sexualidad.

    Argentina: Basado en una investigación previa realizada entre 2007 y 2008, el artículo “El embarazo adolescente en mujeres de sectores populares: ¿Elección de vida o destino?” (Ávila, 2009), se propone indagar desde la psicología social las significaciones en torno al embarazo adolescente y la maternidad en los contextos socioculturales de las zonas populares de la ciudad de San Luis.

    Señala la autora que existe una marcada tendencia en aumento del índice de embarazo en adolescentes, que en 2004 fue del 15,8%, luego en 2005 fue de 16,7%, y en 2006 se registraba el mayor índice de la década, el 17,2% de los 8.416 nacimientos registrados (en toda la provincia), fueron de adolescentes entre 13 y 19 años, y que además se dieron en contextos de pobreza.

    El artículo titulado “Embarazos en niñas y adolescentes” (Subcomisión de Ética Clínica, 2010) expone que en Argentina entre 2005 y 2010 aumentó en un 19% el índice de muertes de mujeres embarazadas, es decir, 48 muertes por 100.000 embarazos. De esta cifra, el 14% corresponde a niñas adolescentes de entre 10 y 19 años. Agrega además, según datos oficiales, que tres de cada veinte argentinos son hijos de madres adolescentes, es decir, el 15,2% de los nacimientos corresponde a madres menores de 20 años, donde el 0,4% corresponde a menores de 15 años. Con respecto a las cifras oficiales, llama la atención en cuanto a que parto no es igual a embarazo, pues las estadísticas no suelen incluir el número de abortos sin registro en el país (Subcomisión de Ética Clínica, 2010, pág. 562).

    Colombia: Este país cuenta con una buena cantidad de estudios e investigaciones sobre los diversos aspectos relacionados con la problemática del embarazo adolescente, que van desde lo biológico y las consecuencias en la salud, -tanto para la madre adolescente como para el recién nacido- y la caracterización sociodemográfica de la población vulnerable, pasando por análisis de los determinantes y causas socioeconómicas y contextuales, hasta estudios comparativos sobre la interacción de estos factores y la dinámicas de las tasas de fecundidad y embarazo, a partir de los datos de las diversas encuestas y censos realizados en el país, así como de datos regionales y locales sobre contextos específicos. Teniendo en cuenta esto, sería difícil dar cuenta de todos y cada uno de dichos estudios, si bien existen algunos que son representativos, por lo cual se dará un repaso de unos cuantos de estos, algunos de los cuales ya han sido referenciados en el planteamiento, la justificación y el marco teórico del presente.

    El artículo “Embarazo en la adolescencia: no una opción, sino una falta de opciones” (Posada, 2004) plantea que el inicio de la cada vez más temprana actividad sexual de los adolescentes suele carecer de una información integral que además de tocar los aspectos científicos sobre la sexualidad y la salud reproductiva incluya temas sobre los derechos y responsabilidades correlativos, situación a la cual se suman barreras culturales, morales y religiosas, además de las falencias de la educación formal y no formal (pág. 4).

    Mucho más reciente es la investigación “Factores protectores y de riesgo del embarazo adolescente en Colombia” (Flórez & Soto, 2013), se propone identificar y analizar los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de un embarazo a temprana edad, los factores protectores que disminuyen dicha probabilidad, y hacer un perfil de las mujeres adolescentes que alguna vez han estado embarazadas.

    Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM Solo hasta hace muy poco la salud sexual y reproductiva y los adolescentes -como sujetos de derechos sexuales y reproductivos- fueron considerados como temas urgentes en la agenda política de cooperación internacional en la lucha por el desarrollo, así como contra las desigualdades sociales, la pobreza y el aumento de la población. Al respecto existen dos hitos concatenados a partir de los cuales se traza el derrotero a seguir, a saber: la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo -CIPD- (El Cairo, 1994) y su Programa de Acción; y los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- (Nueva York, 2000).

    Sobre el primero, este dedica el capítulo VII al tema de Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, la cual define de la siguiente manera: La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual (Naciones Unidas, 1994, pág. 37).

    Sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM., fue en septiembre del año 2000 cuando la ONU realizó en la ciudad de Nueva York la Cumbre del Milenio, para afrontar y poner remedio a los grandes problemas de la humanidad, concernientes a temas como la pobreza, el hambre, la educación, enfermedades, mortalidad materna, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible. Como resultado, los representantes de 189 Estados validaron los compromisos adquiridos en los noventa, como los mencionados previamente, y se firma la Declaración del Milenio, la cual plantea 8 objetivos referentes a dichos problemas. Estos objetivos se conocen como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, u Objetivos del Milenio – ODM-.

    Si bien en la primera versión de los ODM se omitió una meta específica dirigida a la salud sexual y reproductiva, expertos y profesionales llamaron la atención en cuanto a que sin mejoras en este ámbito no podrían cumplirse la mayoría de las metas de dichos objetivos, por lo cual el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 hace la inclusión en términos de: g) Lograr el acceso universal a la salud reproductiva para 2015, según lo estipulado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, integrar ese objetivo en las estrategias encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, y orientados a reducir la mortalidad materna, mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, promover la igualdad entre los géneros, luchar contra el VIH/SIDA y erradicar la pobreza (Naciones Unidas, 2005, pág. 17).

    De manera que el documento de los ODM de 2005 incorporó el tema del acceso universal a la salud reproductiva a nivel mundial como meta adicional del Objetivo 5, mejorar la salud materna. No obstante, mientras que el Plan de Acción de la CIPD contemplaba el acceso universal a la salud reproductiva como un derecho humano fundamental, no solo de las mujeres, sino también de los hombres y las parejas, la manera en que están enunciados los cuatro indicadores de los ODM relacionados con el acceso universal a la salud reproductiva no logran dar cuenta de la complejidad y los retos que supone su logro (Jiménez, Maren., et al., 2011, pág. 10).

    En el caso de América Latina, tanto dichos factores, como la salud sexual en general, están la mayor de las veces determinados -como ya se ha mencionado párrafos más atrás- por la marcada desigualdad socioeconómica que caracteriza a la región, que además dificulta el acceso a los servicios de salud reproductiva, merced de la ubicación geográfica, la condición social, étnica y de género, haciendo aún más difícil el cumplimiento de los indicadores para dicha meta, a lo cual se suma las desigualdades que impiden la permanencia y la continuidad en el sistema educativo, la cual es un factor protector contra el riesgo de embarazo adolescente (Jiménez, Maren., et al., 2011, pág. 37).

    Según el Informe de 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Naciones Unidas, 2015) el cual da cuenta del cumplimiento de éstos al término del plazo planteado, si bien se han alcanzado logros significativos en muchas de las metas de los ODM en todo el mundo, siendo la más importante el que más de mil millones de personas salieran de la pobreza extrema, no obstante, el progreso es desigual a través de las regiones y los países, dejando enormes brechas como la persistencia de desigualdades socioeconómicas y la discriminación de género en muchos países del mundo, así como las desigualdades entre los contextos urbanos y rurales, y los índices de muerte de mujeres siguen siendo altos durante el embarazo y por complicaciones de éste. Para esta investigación, se abordará específicamente el Objetivo 5, el cual refiere a “Mejorar la salud materna”.

    Sobre los resultados reportados, éste se redujo en un 45% la tasa de mortalidad materna a nivel mundial, especialmente a partir del año 2000, pasando de 380 a 210 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Regionalmente, los logros más sobresalientes se dieron en Asia meridional y en África subsahariana, cuyas tasas de mortalidad materna disminuyeron en un 64% y 49% respectivamente entre 1990 y 2013. A pesar de estos logros, el número de muertes de mujeres durante el embarazo o debido a complicaciones del parto continúa siendo alto, la mayoría de las cuales se produjeron en regiones en desarrollo en las que la tasa de mortalidad materna es aproximadamente 14 veces mayor que en las regiones desarrolladas, como África subsahariana y Asia meridional, que en 2013 sumaron el 86% de las 289.000 muertes maternas a nivel mundial.

    Pese a estos avances, persisten grandes desigualdades regionales en el acceso y uso de servicios de salud reproductiva. Más de uno de cada cuatro bebés y sus madres no tienen acceso a la atención médica esencial durante el parto, como en el caso de la África subsahariana y el Asia meridional que tienen una tasa de cobertura del 52% y las tasas de mortalidad materna y mortalidad de los recién nacidos más altas del mundo. Asimismo, en Asia meridional solo el 36% de las mujeres embarazadas entre los 15 a 49 años recibieron cuatro o más visitas prenatales en 2014, mientras que en América Latina y el Caribe la tasa alcanzó el 97%.

    El informe concluye que si bien hubo un significativo progreso en las dos metas de disminuir las muertes maternas y asegurar el acceso universal a la salud reproductiva, éste fue insuficiente y ampliamente desigual, además de las muchas y profundas disparidades que afectan a los grupos más vulnerables por su nivel educativo, lugar de residencia, situación económica o su edad, por lo cual falta mucho para cumplir, dejando así una agenda inconclusa, sobre todo en lo concerniente a asegurar a todas las personas el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva integrales (Naciones Unidas, 2015, pág. 43).

    América Latina y el Caribe: Según el informe regional sobre el monitoreo de los ODM (CEPAL, 2015), entre 2000 y 2015 América Latina y el Caribe cumplieron varias de sus metas clave, logrando avances significativos en la reducción de la pobreza extrema, el hambre, la desnutrición y la mortalidad infantil y de un mayor acceso al agua potable y a servicios mejorados de saneamiento. No obstante, este progreso ha sido insuficiente en lo relativo a la conclusión universal de la educación primaria, la paridad de género, la reducción de la mortalidad materna, el acceso a servicios de salud reproductiva y la reversión de la pérdida de bosques (pág. 8).

    En el marco del quinto ODM, que propuso mejorar la salud materna, la región todavía muestra altos niveles de mortalidad materna y de fecundidad adolescente. En 2013 en América Latina y el Caribe hubo 85 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, lo que supone una reducción de 39% respecto a 1990, lejos del 75% propuesto. Además, en la región se registran 75,5 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad por cada 1.000 mujeres de esa franja etaria. Con todo, ha habido progresos en la planificación familiar, en la atención prenatal y en la asistencia de partos por personal especializado.

    Con respecto al Objetivo 5, sobre la necesidad de reducir la mortalidad materna y mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva de la población, para 2013 ninguna región del mundo había avanzado lo suficiente para cumplir con la reducción en tres cuartas partes de los niveles de mortalidad materna de 1990. En este sentido, en 2013 América Latina y el Caribe presentaba una tasa de mortalidad materna del 85%, es decir, 85 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, equivalentes a una reducción del 39% de los niveles de 1990, mientras que la meta propuesta era del 75%. A esto hay que agregar los altos niveles y escasa reducción de la fecundidad adolescente y la baja cobertura prenatal que presentan algunos países de la región (CEPAL, 2015, pág. 43).

    Colombia: Este país ratificó lo acordado en la Cumbre del Milenio a través del documento Conpes Social 91:“Metas y Estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio– 2015” (Conpes, 2005), el cual fue modificado luego por el Conpes Social 140 (Conpes, 2011) que incluía los nuevos indicadores y los ajustes realizados a las líneas de base y metas de algunos de los indicadores inicialmente adoptados por los ODM.

    El Conpes 091 presenta las metas particulares que el país espera alcanzar en 2015, así como las principales estrategias que se requieren implementar o fortalecer para su logro, en consonancia con las metas generales de cada uno de los ODM. Para establecer dichas metas toma como línea de base el año 1990, conforme a lo planteado por los ODM. Sin embargo, el Conpes 140 de 2011 modifica el anterior en cuanto incluye nuevos indicadores y ajusta las líneas de base y los indicadores de algunas metas inicialmente adoptados (Conpes, 2011, pág. 2).

    De acuerdo con lo anterior, los ajustes a los indicadores y metas hechos por el Conpes 140 son incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” del Gobierno Nacional, y están en consonancia con su objetivo de reducir las brechas poblacionales y regionales. De esta manera, el documento presenta la situación de cada uno de los ODM identificando la meta universal y la(s) meta(s) nacional(es) revisada(s) en lo pertinente, acompañadas de los indicadores actualizados para el seguimiento de los progresos, precisando la línea base, la fuente de información y la meta a 2015 (Conpes, 2011, págs. 5-6).

    Así, con respecto al Objetivo 5: Mejorar la salud materna, el documento no hace ajuste alguno a las metas nacionales asociadas a la primera meta universal de reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes a 2015, contempladas en el Conpes 091, por lo que se mantienen los indicadores conservando la línea de base, fuente y meta a 2015 enunciadas en éste. Si se hace un ajuste a la meta nacional de “reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino”, asociada a la segunda meta universal de dicho objetivo en cuanto a la fuente, cambiando la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS por los datos del Instituto Nacional de Cancerología, a partir de las Estadísticas Vitales del DANE (Conpes, 2011, pág. 16).

    En lo referente a la segunda meta universal, el documento señala que el país logró quebrar la tendencia en el incremento del porcentaje de mujeres entre 15-19 que han sido madres o están en embarazo.

    Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una vez vencido el término para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cual, en términos generales, fue bastante positivo ya que se cumplieron la mayoría de las metas propuestas para 2015, los 193 Estados miembros de la ONU aprueban en septiembre del mismo año la resolución A/70/L.1, mediante la cual adoptan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es el plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, propuesto para los siguientes quince años para dar continuidad a la agenda de los ODM y conseguir lo que estos no alcanzaron, reconociendo que si no se logra erradicar la pobreza a nivel mundial no puede haber desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015b, pág. 1).

    De acuerdo con la agenda, conciernen directamente a la problemática del presente trabajo el Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, y el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, planteados con las respectivas metas referidas a dicha problemática.

    Por su parte, Colombia ha incorporado esta agenda en los planes de la actual administración de Juan Manuel Santos Calderón, en el primer plan “Prosperidad para Todos” 2010-2014 y en su segundo periodo como Presidente de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, con miras al Desarrollo sostenible y alcanzar lo que no se logró de los Objetivos del Milenio.

    En el Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos” enmarca la prosperidad como el sueño de llegar a ser un país con prosperidad para todos: con más empleo, menor pobreza y más seguridad, el cual esta soportado en ocho grandes pilares que se resumen en: convergencia y desarrollo regional, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y relevancia internacional. (Presidencia de la República de Colombia, 2010).

    El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014-2018 tendría un componente valioso para los ciudadanos colombianos y para la comunidad internacional, se iniciaban los diálogos de paz con los grupos insurgentes al margen de la ley, la guerrilla de las Farc, y el Gobierno comienza a planificar los cambios de esta negociación y posterior Acuerdo de Paz. (Presidencia de la República de Colombia, 2016). El Plan define cinco estrategias transversales que aportan a los 3 pilares de la paz, la equidad 1) Competitividad e Infraestructura Estratégicas; 2) Movilidad Social; 3) Transformación del Campo; 4) Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz; y, 5) Buen Gobierno. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2015).

    De esta manera, trazada las líneas estratégicas gubernamentales para lograr la paz en Colombia, se reconoce que la comunidad internacional ha avanzado en el reconocimiento de la paz como un derecho de toda la humanidad. Algunos pasos para alcanzar este propósito incluyen instrumentos jurídicos no vinculantes, como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33/73 de 1978, “Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz”, y 39/11 de 1984, “Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz”. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2015).

    Políticas y marco legal respecto al embarazo precoz. Iberoamérica Como ya se ha mencionado, el tema del embarazo temprano va de la mano con la protección de los derechos sobre salud sexual y reproductiva, reconocidos internacionalmente como parte de los derechos humanos, los cuales son ratificados, como ya se hizo mención párrafos más atrás, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- (1966), la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW- (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño -CDN- (1989), la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (1993), el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995) y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo -CIPD- (1994).

    Se da entonces un vínculo y una concordancia de la CDN con la CEDAW en la medida en que si se aseguran y garantizan los derechos de las niñas y las adolescentes, se garantizan también los derechos de las mujeres. En esta medida, el artículo 10 de la CEDAW establece que se deben adoptar todas las medidas necesarias “para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”, entre otros aspectos, el acceso “al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluidos la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia” (Naciones Unidas, 1979).

    Plan Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes Este Plan es producto del Comité Subregional conformado por iniciativa de los Ministros de Salud de los países de la Subregión Andina, el que tiene la finalidad de abordar todos los temas relacionados con la situación del embarazo no planificado en adolescentes. Se propone asimismo, identificar los determinantes sociales de esta problemática y su impacto en la salud y en los procesos de desarrollo humano, pues sus consecuencias se constituyen en un problema de Salud Pública dentro de la Subregión, por lo que se hace necesario “declarar prioritarios los planes para su prevención, su atención integral y para una respuesta intersectorial global” (OAS-UNFPA, 2007, págs. 2, 3).

    Todas las acciones y estrategias conjuntas que esta política plantea han de redundar en mejorar las condiciones de salud y de vida de los adolescentes, sin ningún tipo de discriminación, así como el acceso universal a la información y los servicios de salud pertinentes a sus realidades en favor de su desarrollo saludable (OAS-UNFPA, 2007, pág. 10).

    Al reconocer las necesidades específicas de salud de los adolescentes como sujetos titulares de derechos, el Plan considera, entre otros aspectos, que éstos requieren para su desarrollo saludable una atención de salud que tenga como objetivo apoyar el logro de un desarrollo humano integral; que están expuestos a inequidades estructurales que afectan su salud, especialmente las adolescentes en situación de vulnerabilidad y pobreza, para lo cual se requiere estrategias intersectoriales para identificar e intervenir los factores incidentes (OAS-UNFPA, 2007, pág. 11).

    Para el logro de sus objetivos relacionados con la óptima salud sexual y reproductiva de la población adolescente, el Plan destaca una serie de estrategias intersectoriales pertinentes, que van desde la elaboración de políticas, planes y programas; la capacitación de recursos humanos; la implementación de servicios de salud amigables y de calidad; la educación universal y la entrega de educación integral de la sexualidad; la abogacía; la investigación; la articulación intersectorial y el apoyo social a los grupos más vulnerables.

    Por ello, el Plan señala que los países de la región deben garantizar el ingreso y permanencia de toda la población adolescente al sistema escolar, así como su reinserción, garantizando así el acceso al derecho a la educación como factor protector y de desarrollo, permitiendo así “retardar el inicio de la vida sexual hasta una etapa de mayor madurez física y mental necesaria para hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones” (OAS-UNFPA, 2007, pág. 21).

    Políticas Públicas del Embarazo Precoz en Medellín- Colombia En Colombia, las acciones encaminadas a la prevención del embarazo adolescente se han dado desde el ámbito legislativo, las cuales parten desde la misma Presidencia de la República a través de los Ministerios de Protección Social y de Educación, como también de la Alta Consejería para la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hasta la Corte Constitucional. En este sentido, Le Ley de Infancia y Adolescencia, el Código de Infancia, el Conpes Social, las Sentencias de la Corte Constitucional y las políticas de los organismos internacionales marcan un derrotero a seguir en pos de generar políticas públicas y acciones eficaces para reducir los índices de embarazo adolescente y con ello proteger no solo una generación de jóvenes, sino también las siguientes.

    Estos esfuerzos constitucionales relevantes han permitido la protección y atención de esta población. Desde la Constitución Política de 1991 el artículo 44 establece los derechos fundamentales de los niños y las niñas, ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Constitución Política de Colombia), lo que supone una gran transformación social, al reconocer a niños, niñas y adolescentes como protagonistas de su propio desarrollo y no una posesión de sus padres y familias. Sin embargo, solo hasta 2006 el Congreso de la República de Colombia aprueba la nueva Ley 1098 de Infancia y Adolescencia que tiene como objeto: Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. (Congreso de la República, 2006) Asimismo, partiendo de la base de infancia y adolescencia, y atendiendo uno de sus problemas se empieza a trabajar en la prevención del embarazo adolescente desde diversas concepciones. La primera por señalar es la creación del Conpes Social 147 de 2012, documento de política social en donde se establecen unos lineamientos específicos para la prevención del embarazo adolescente. La segunda a describir es la creación de la Red de Prevención de Embarazo Adolescente, en Medellín, entre los años 2003 y 2004, consolidada por la suma de más de veinte entidades públicas privadas. El trabajo en la Red tuvo como objeto articular a las anteriores entidades en el planteamiento y el desarrollo de estrategias que propendan por la prevención del embarazo en los adolescentes.

    Más tarde, en 2007, la Alcaldía de Medellín creó el proyecto Sol y Luna para el mejoramiento de la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva para los jóvenes, la disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos y mayor cobertura en la educación, la información y la comunicación de estos (El Mundo, 2008). Sin embargo, el proyecto realizó ajustes considerables con el cambio de administración y no continuó. En el 2011 el Concejo de Medellín expide el Acuerdo 23 de 2011 que propone la adopción de la política pública de prevención del embarazo infantil y adolescente con la finalidad de que la ciudad, por medio de sus instituciones más representativas y encabezadas por el concejo municipal genere espacios que permitan construir una cultura de prevención del embarazo en menores de edad para toda la comunidad (Concejo de Medellín, 2010). Luego de este acuerdo, la administración del siguiente alcalde, Aníbal Gaviria Correa, crea el proyecto Jóvenes por la Vida 2012-2015, que finaliza a la par que su mandato sin continuidad alguna.

    Es de señalar que pese a la existencia de una reciente y clara normatividad, tanto nacional como local, de programas y campañas acordes a ésta implementadas por la Alcaldía de Medellín en sucesivas administraciones, las estadísticas sobre el embarazo en adolescentes van en aumento, así en el país como en la ciudad de Medellín, dejando entrever que las acciones citadas parecen no ser suficientes o ineficaces. Dado esto, es más que evidente la urgencia de evaluar dichos programas en pos de generar, proponer e implementar una política pública al respecto con mucho más voluntad y compromiso político que permita definir estrategias, acciones, programas y campañas pedagógicas, sicológicas y sociales que ayuden a la prevención del embarazo en adolescentes.

    Conclusiones Colombia es el tercer país latinoamericano, luego de Venezuela y Perú, con mayores índices de embarazo adolescente. Si bien el Estado ha sido consecuente y oportuno al ratificar los diversos acuerdos internacionales con respecto a la infancia y adolescencia, es importante señalar que aún no define un accionar concreto respecto a la prevención del embarazo adolescente.

    Abordar las diferentes explicaciones teóricas que pretenden dar cuenta de las múltiples causales de la problemática del embarazo adolescente lleva inevitablemente a cuestionarnos como sociedad contemporánea. Si bien es cierto que cada vez existen mayores factores de riesgo determinantes que inciden en que los adolescentes se conviertan en madres o padres a edad temprana, tales como el cada vez más temprano inicio de su vida sexual y las falencias en la educación, es claro que la familia y el Estado juegan un papel primordial, no sólo en la prevención del embarazo sino también en la protección de la infancia y por ende, de las adolescentes gestantes.

    Asimismo, existe una particular conjunción de factores de riesgo producto del contexto y las condiciones socioeconómicas propias del país, a nivel general, y de la ciudad, a nivel local, en la que inciden factores como el desplazamiento forzado, la existencia de grupos delincuenciales en la ciudad de Medellín, el microtráfico de estupefacientes, la prostitución infantil -y el consecuente abuso sexual- por condiciones de extrema pobreza, entre otros, que propician un progresivo aumento en las cifras de muertes, violencia y delitos, en muchos de los cuales se ven involucrados los adolescentes.

    I. Los objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) son, sin lugar a dudas, un punto de partida primordial para la prevención del embarazo adolescente. Es así como desde la educación en la salud sexual y reproductiva los países se han comprometido en la reducción de la mortalidad materna y el incremento en la prevalencia del uso de métodos modernos anticonceptivos. Pese a los avances alcanzados en este aspecto, el cumplimiento de los ODM no ha sido integral, si bien Colombia reporta el cumplimiento en la enseñanza de educación y salud reproductiva, estos aún no son impartidos directamente en los programas de embarazo precoz. Sobre este aspecto, la educación en salud sexual y reproductiva tiene dos frentes: el primero es que solo es informativa y segundo, su enfoque es desde la salud, pues solo se busca la atención de los jóvenes en los centros asistenciales.

    II. Asimismo, como segunda conclusión, sigue siendo insuficiente el acompañamiento y el apoyo técnico, político y social por parte del Estado en las regiones y zonas apartadas del país para dar cumplimiento a las metas nacionales en la prevención del embarazo adolescente, ello se puede evidenciar en los planes de desarrollo de muchos municipios, los cuales carecen de alguna estrategia de acción para la reducción del índice de embarazos adolescentes.

    III. De igual forma, la cobertura de salud perinatal, salud integral y atención a la población más vulnerable se focaliza casi exclusivamente a las ciudades principales, dejando al margen la mayor parte de las zonas rurales y periféricas, que es dónde se presenta el mayor número de embarazos. Esta situación hace evidente la necesidad de la enseñanza de educación y salud reproductiva a partir de un plan agresivo de inclusión y difusión con estrategias pedagógicas y didácticas de gran impacto social.

    IV. Ahora bien, la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia es un gran avance estatal en pos de la protección de esta población. Sin embargo, pese a sus principios y sus intenciones, no es realista con respecto al contexto del país, ya que gran parte de los índices de delincuencia son protagonizados por menores de edad, muchas veces inducidos y explotados por actores delincuenciales que se aprovechan del carácter de inimputabilidad que dicha Ley le confiere a los menores de edad que cometen delitos.

    V. Como quinta conclusión, la familia se constituye en un importantísimo factor de protección de los niños, los adolescentes y las madres gestantes. No obstante, es fundamental tener presente que las estructuras familiares son un punto neurálgico que determinan las condiciones de vida y en el que se dan también, la mayoría de las veces, los factores que inciden en la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los factores de riesgo próximos que inciden en el embarazo a temprana edad.

    Es común que cuando se da el embarazo no deseado a temprana edad, muchas adolescentes son expulsadas de sus hogares tan pronto se conoce la situación, sin un lugar donde vivir, sin un empleo para sobrevivir, debiendo así interrumpir su proceso escolar y, en consecuencia, atrasar la realización de su proyecto de vida.

    VI. Así las cosas, se podría afirmar que es el Estado quien podría ofrecer mayores alternativas de intervención a los diversos factores determinantes del embarazo adolescente, tales como más y mejor cobertura en servicios de salud, educación, y alimentación, entre otros. Y la sociedad, en algunas de estas situaciones termina siendo el actor víctima de los actos del menor infractor, pues el Estado, a través de las garantías y prebendas de la citada Ley, se convierte en un Estado paternalista y permisivo, dado que exige pocos o ningún deber a los menores a quienes busca proteger.

    VII. También es sustancial enunciar que los procesos penales de los adolescentes en las correccionales, son, sin más, un sistema inoperante e ineficaz demostrado. Las correccionales, en sí mismas, no garantizan ninguna protección y rehabilitación pedagógica, pues exponen a los adolescentes a otros casos de vulneración y violencia que no permiten su corrección y reinserción social. Cabe entonces preguntarse si es o no realista, coherente y eficaz la Ley de Infancia y Adolescencia en cuanto a su sistema de sanción a los menores infractores y delincuentes. ¿Se trata a niños idealizados como vulnerables o como delincuentes? VIII. Por su parte, el Conpes Social 147 define los lineamientos de la política pública dirigida a la prevención del embarazo adolescente centrada en la educación sexual y reproductiva. Sin embargo, su escaso o nulo cumplimiento por parte de los municipios del país, y la falta de control y vigilancia del Estado desmeritan los esfuerzos jurisprudenciales estatales realizados en este sentido.

    IX. Asimismo, hay que señalar que no es suficiente con los decretos expedidos por el Concejo de la ciudad, los cuales no se concretan en una verdadera implementación de la política pública de prevención del embarazo adolescente. Muestra de ello es que, si bien existe el Acuerdo Municipal 23 de 2011, a la fecha ésta no se han concretado en la política pública que este demanda, instrumentos públicos eficientes, estrategias y/o programas que demuestren su implementación. La Red de Prevención de Embarazo Adolescente es otro ejemplo de esta situación, la cual fue una estrategia que se inició en la ciudad en el año 2004 y terminó sus esfuerzos sin dar continuidad en sus programas e investigaciones, cruciales para la problemática en la ciudad.

    En consecuencia, para que la ejecución de una política pública de prevención de embarazo adolescente sea eficiente en la ciudad de Medellín se hace urgente crear los mecanismos sociales y jurídicos de protección y atención a las adolescentes gestantes, de la mano de un escenario multimediático, comunicacional y de redes sociales que garanticen el acceso a la información oportuna y la atención integral, planes sociales integrales con cobertura en toda la ciudad que acompañen a los adolescentes y promocionen la construcción de proyectos de vida como principal objeto de desarrollo personal.

    Se trata entonces de garantizar todos los recursos posibles para que los adolescentes y sus familias conozcan y accedan a los servicios oportunos necesarios para la integralidad de su salud. En consecuencia, no basta con dotar los centros de salud y capacitar al personal médico en la atención de adolescentes y en la enseñanza de métodos modernos anticonceptivos.

    X. Como décima conclusión de este trabajo, se debe tener presente, asimismo, que las estrategias implementadas deben estar enfocadas no sólo a la prevención sino también a la atención. La prevención del embarazo adolescente se logra, más allá de la institucionalidad, a través de estrategias que posibiliten la empatía con los adolescentes, y lo lograremos cuando se entienda que los planes de prevención deben ir de la mano de las estrategias de protección. Entendiendo, asimismo, que el adolescente en riesgo de un embarazo amerita la misma atención del que ya lo está, con lo cual se está garantizando la atención de dos generaciones.

    Esto sólo se logra con educación, capacitación y sensibilización, puesto que los niños, niñas y adolescentes deben siempre contar con un acompañamiento capacitado que les permita reconocer sus derechos y proyectarse como ciudadanos de bien para la sociedad.

    XI. Finalmente, hay que entender que la integralidad de una política pública dirigida a la prevención del embarazo adolescente ha de sustentarse, como lo demanda el citado Acuerdo Municipal 23 de 2011, en la creación de una Secretaría Intersectorial por parte de la administración municipal, que genere proyectos y programas de prevención reales y efectivos en pro de la disminución de los índices de embarazo adolescente, y que garantice la protección de los derechos y el bienestar integral de esta población.

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