La seguridad es un Derecho Fundamental reconocido en la Constitución y es el marco necesario para el desarrollo de los Derechos y Libertades. La Administración Local en general y los Municipios en particular son parte esencial en la organización territorial del Estado. Tradicionalmente la seguridad ha sido una competencia esencialmente municipal, que se ejerció de muy diversas maneras a lo largo de la Historia. Sin embargo, en los últimos 150 años se produjo un importante cambio, convirtiéndose el sistema de seguridad nacional en centralizado y militarizado. Con la aprobación de la Constitución se produce, en materia de seguridad, una transformación evidente en tres aspectos: la forma de entender la seguridad; quienes son los encargados de defenderla, delimitando el cometido asignado a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad; las distintas Administraciones que conforman la Organización Territorial del Estado, la Administración Central, la Autonómica y la Local, deben participar en ella, como una demostración de que gozan todas ellas de autonomía para la gestión de sus propios intereses. Por esta razón se debe potenciar la policía dependiente de los Ayuntamientos, ya que es la manifestación policial más próxima al ciudadano y es uno de los elementos en los que se sustenta la autonomía municipal. De la misma manera, para optimizar los recursos destinados a la seguridad, además de producirse la necesaria coordinación entre todos los Cuerpos Policiales, las Comunidades Autónomas deben materializar su competencia de coordinación de las Policías de los Ayuntamientos encaminada a conseguir en este campo, que éstas den un eficaz servicio. Esto requerirá el desarrollo de un nuevo modelo policial, a partir del cual se deberá producir una asignación clara de competencias, mediante una fórmula descentralizadora de la que puede ser una manifestación el "Pacto Local". Igualmente se tendrán que crear estructuras imaginativas para aprovechar mejor los recursos, como es la posibilidad de constituir entidades supramunicipales, para que todos los ciudadanos tengan derecho a la seguridad como un auténtico servicio público.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados