En la actualidad, la vivienda es un tema de gran repercusión. Hemos asistido a un período económico expansivo del sector inmobiliario y de la construcción. Por intensidad y duración, esta bonanza ha sido superior a los anteriores períodos positivos. La compra de una vivienda es un acto económico de gran relevancia para el individuo, puede llegar a ser el más importante y puede llegar a alterar los comportamientos sociales del mismo. Este gran esfuerzo que soporta la economía doméstica, evidentemente, debe tener y tiene sus garantías legales de control, pese a lo cual, el tema de las deficiencias en las edificaciones es una de las quejas más relevantes no en cuanto a su número, si en cuanto a la relevancia del esfuerzo económico que no se ve compensado con la calidad esperada. El acceso a la vivienda supone un punto de inflexión en la vida de los ciudadanos pues a pesar de las facilidades financieras que han existido y del incremento de la oferta, la situación del mercado inmobiliario nos ha llevad o a un incremento de los precios reales del 130% respecto a 1997.
Con la aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y recientemente el Código Técnico de la Edificación, la ordenación del sector de la construcción es evidente, la preocupación por la calidad del producto y la defensa del usuario es prioritaria, y más en un momento como el actual de gran impacto de toda la temática relacionada con la calidad de los productos y la gestión de la calidad a través de las normas ISO.
La construcción de edificios, las obras que en ellos se realicen y su ocupación por parte de los individuos propietarios requieren de las preceptivas licencias administrativas. Sin embargo, la licencia es un acto de naturaleza reglada, debe otorgarse o no en tanto en cuanto nos adaptemos o no a la legislación vigente. Es un acto de verificación del ordenamiento urbanístico, y no deja de ser una barrera previa para el ejercicio de un derecho propio.
De igual forma, sigue siendo una actividad reglada a no ser que se vieran situaciones de grandes riesgos para la seguridad y salud de las personas. Si lo que se advierte son defectos o falta de calidad, entonces nos encontramos ante un problema entre promotor y propietario de la vivienda, no entre administración y promotor, y este problema tendrá su solución a través de la LOE o de la resolución de los contratos privados de compra-venta. En este contexto, el objetivo de la tesis es validar el control de la vivienda como producto final, en base a los controles administrativos existentes, tanto los controles a través de la propia administración pública como el control ejercido por los diferentes colegios profesionales implicados en la edificación.
Cómo, a pesar de la existencia de estos controles tanto previos como a posteriori, aún se dan elementos distorsionadores de lo que se puede considerar un producto final de calidad acorde con la inversión realizada.
A lo largo de la tesis se abordan los siguientes elementos: a) periodo de expansión, la burbuja inmobiliaria, y posterior caída del mercado inmobiliario (actual crisis económica mundial); b) La licencia administrativa en tanto que control de las actuaciones de los administrados c) Calidad técnica, responsabilidades y agentes del procesos de la edificación a través de la LOE y el CTE y d) Defensa del usuario final de la vivienda en tanto que consumidor
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados