La Constitución es un proceso político porque invariablemente va conformando los dos elementos de los que se compone, lo político y lo jurídico. La necesaria dialéctica entre auctoritas y potestas ha ido desarrollando una continua transformación conceptual, hasta el punto de que la Constitución se ha convertido en un proceso político.El Estado constitucional pretende reunir a las dos en una fórmula que parece someter definitivamente la potestas a la auctoritas.Pero la estabilidad a la que está llamada como la primera de sus funciones, exige que la toma de las decisiones fundamentales se ejerza por el cauce indicado constitucionalmente en conexión próxima con el poder constituyente. El eje temático principal de esta investigación es esta mutua querencia y conflicto de auctoritas y potestas. Esto no quiere decir que la Constitución y sus posibles cambios deban verse como un ¿compromiso de posibilidades¿, sino como un fundamento ontológico previo al orden común que dirige la acción política a hacer una sociedad más humana. Por eso el objetivo de este estudio es abordar la problemática que supone la inevitable transformación del régimen constitucional en un proceso político. La cuestión constitucional central a la que este estudio trata de dar respuestas es si, dado el alcance actual de la labor del intérprete constitucional, es o no correcto que el Derecho constitucional, de fuerza ordenadora y modeladora de la organización política se convierta en un proceso político casi autónomo.
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