La presente tesis doctoral tiene por objeto analizar las políticas públicas de movilidad y medio ambiente en el Área Metropolitana de Barcelona. Barcelona es una de las ciudades con mayor densidad de vehículos por kilómetro cuadrado, y esto origina fuertes externalidades negativas en congestión, efectos ambientales nocivos de polución así como la generación de gases de efectos invernadero.
Se analizan tres políticas públicas de movilidad en el Área Metropolitana de Barcelona. En concreto, se analizan los factores socioeconómicos que afectan a la emisión de gases de efecto invernadero, en primer término. En segundo lugar, se analiza un sistema de gestión mixta de autobuses urbano, entre la compañía pública TMB y concesiones privadas de autobuses que discurren por la misma zona. Por último, se analizan las políticas de reducción de la velocidad máxima de 120 a 80 km/h en el Área Metropolitana de Barcelona entre el año 2008 y 2010, así como la política de velocidad variable introducida en el año 2009.
Los factores socioeconómicos no son un gran descriptor de las emisiones de efecto invernadero en la movilidad diaria. Sin embargo, se encuentran diferencias de efecto entre los diferentes tipos de emisores al aplicar técnicas de cuantiles. Este resultado permite focalizar en el ámbito de los grandes emisores para poder disminuir las externalidades. En concreto, se encuentra que la última decila más contaminante emite casi la mitad de las emisiones de gases invernadero. Así, se obtiene un coeficiente del índice de Gini de 0.491. Para el caso del área de Barcelona, se encuentra que la política de peajes de acceso a Barcelona es insuficiente, habiendo un exceso de emisores que no pagan los peajes.
La política de prestación mixta en el caso de Barcelona ha implicado que el operador público es mucho más eficiente al prestar el servicio que los concesionarios privados en la misma zona. Uno de los principales motivos es la falta de competencia por los contratos de prestación de servicio a los operadores privados. Además, se ha incorporado los costes de transacción del regulador, que representan un aumento de los costes del 3% para los pequeños operadores y hasta del 15% para los más pequeños. Para mejorar el modelo de gestión mixta, se recomienda aumentar la competencia por los contratos para conseguir un equilibrio entre las dos tipos de prestaciones.
La política de reducción de la velocidad máxima de 120/100 km/h a 80 km/h no tiene efectos en los niveles de NOx y PM10 una vez aplicada. Así, al aplicar la técnica de los cuantiles, se ve como tienen efectos tales políticas. Esto tiene una clara implicación de política pública, que consiste en no recomendar la activación de esta política los días con unos altos niveles de contaminación. Sin embargo, la política de reducción de la velocidad variable tiene efectos sobre la reducción de estos contaminantes. Así, recomendamos la extensión de esta política a las diferentes vías de acceso de Barcelona, así como la implantación en otras ciudades.
A modo de conclusión, el análisis de las diferentes políticas públicas implica una mejora en la cultura de la evaluación pública de políticas de movilidad, así como una contribución más específica para cada una de ellas en sus ámbitos.
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