Virginia Rodríguez Nuño de la Rosa
El objetivo general de esta tesis ha sido explorar los efectos que una alianza público-privada para el desarrollo (APPD) en particular, el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), realizada entre el sector minero y el Estado Peruano durante el período 2006-2011, tuvo en la legitimación o deslegitimación de los gobiernos locales, a través de la provisión de infraestructura educativa y de salud.
Con este fin, se exploró en mayor profundidad los problemas estructurales del Estado peruano, los cuales afectan a todos los niveles de gobierno, para dar cuenta de los problemas del Estado en la provision de estos bienes, así como de la escasa legitimidad con la que cuenta el sistema democrático peruano, lo que influye en todos los niveles de gobierno, especialmente, a nivel local, donde estos gobiernos locales, son en gran parte gobiernos clientelares, que en contextos mineros, acceden al poder como botín.
El fenómeno de la puesta en marcha de estas colaboraciones o alianzas público-privadas para el desarrollo tiene como pilares principales, el proceso de liberalización económica iniciado en la década de los noventa y el proceso de descentralización iniciado a partir del año 2002.
Ambos procesos tienen efectos tanto en la forma en cómo se organizan o constituyen estos modelos de gobernanza como en la forma en la que los gobiernos locales buscan su legitimación.
Debido a la estrecha relación del gobierno central con la empresa privada, algunos autores hablan de captura del Estado, lo que ha influido también en la forma en cómo el gobierno local se relaciona con la empresa y con su ciudadanía para legitimarse.
De este modo, partimos de la hipótesis de que este Programa Minero ha contribuido a legitimar a la empresa minera y no a los gobiernos locales. Con este fin, se presentan dos estudios de caso de dos empresas mineras que han llevado a cabo este Programa en dos municipalidades del Perú. Estos estudios de casos nos revelan que la empresa minera, a través de este Programa, ha sido legitimada no solo por las Comunidades campesinas sino también por los gobiernos locales con los que ha trabajado.
Con ello, se ha potenciando la imagen de la empresa como actor clave en el desarrollo, una imagen que el propio nivel nacional de gobierno quiere promover para legitimar sus políticas extractivas, pero que contribuye a reforzar, al mismo tiempo la percepción en el imaginario colectivo de la lejanía del Estado.
Se comprueba, sin embargo, que los gobiernos locales analizados, que han participado en e
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