El objeto de la tesis doctoral es el estudio de la institución del sobreseimiento penal de las actuaciones en el marco de los procesos penal ordinario por delitos graves y procedimientos abreviado, especialmente.
La metodología de estudio seguida es el clásico sistema de trabajo en materia de investigación jurídica, atendiendo especialmente a la Doctrina Científica y a la Jurisprudencia de los Tribunales, siempre en el marco de las necesidades prácticas y problemas que suscita esta institución en el proceso penal. La tesis doctoral ofrece una visión muy completa y crítica de la institución, especialmente en estos momentos en los que se está planteando con fuerza la necesidad de aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (la llamada Ley de Enjuiciamiento Criminal de la Democracia), que afronte, entre otras cuestiones, unas nuevas formas de inicio y de poner fin al proceso penal mediante el sobreseimiento de las actuaciones. Y ello por considerar que el sobreseimiento es una forma normal de poner fin a un procedimiento penal y no es, en absoluto una crisis procesal en sentido técnico, siendo esta forma de finalización del proceso igualmente válida que si se acordase a apertura del juicio oral y recayera la sentencia correspondiente.
Se defiende asimismo que el sobreseimiento es un filtro riguroso que impide el sostenimiento de acusaciones infundadas, mecánicas o instrumentales que responden, a veces, al empecinamiento de las acusaciones.
Se estudia en especial, la problemática del sobreseimiento provisional (frente al libre equivalente a una sentencia absolutoria) en relación a la consecuencia perniciosa que produce en el imputado de quedar en suspenso su causa, manteniéndole en una situación de permanente sospecha que sería indefinida a no ser por la aplicación interprocesal de la prescripción.
Tema relacionado directamente con el sobreseimiento es la posición del Juez y tribunal que han conocido de un procedimiento y que, en sede de procedimiento abreviado, tienen la facultad de poder finalizar tal procedimiento en la fase intermedia, siendo ello una manifiesta vulneración de la obligada imparcialidad absoluta de los órganos jurisdiccionales.
A modo de conclusión, en una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, se propone un cambio de Director de la Investigación. sería el Mº Fiscal el Instructor-Investigador y el Juez el garante de los derechos fundamentales del imputado.
Esta modificación esencial pasaría inevitablemente por un cambio de la actual dependencia del Poder Ejecutivo del Mº Fiscal.
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