Resumen de La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en México (Resumen)
Título de la Tesis: LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN MÉXICO Sustentante: MARÍA ELENA LUGO GARFIAS SÍNTESIS La protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en México debiera ser factible de cuidado o amparo por el Estado con medidas legislativas, administrativas y/o judiciales que se reflejaran en la calidad de vida de la población. Por lo anterior, resulta necesario reflexionar acerca del origen, la evolución o continuidad en su tratamiento y la situación actual en los ámbitos jurídicos interno e internacional.
Así, se aborda el origen de los derechos reconocidos constitucionalmente y si se incluían económicos y sociales entre ellos, su fundamentación, su naturaleza jurídica, los alcances jurídicos de las obligaciones estatales, su consideración como derechos humanos, y su compatibilidad jurídica con los modelos de justiciabilidad existentes, para lo cual se revisa el caso específico del derecho a la salud y se identifica que una mejor protección estaría soportada en un principio jurídico constitucional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no incluye y se propone.
Objetivos Los objetivos de la tesis son (1) determinar el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de estadios históricos paradigmáticos que hicieron posible su surgimiento, así como también distinguir aquellos que representaron una tensión para el discurso económico y político de raigambre liberal.
(2) Analizar el constitucionalismo social y su estrecha relación con la formulación de una teoría de los derechos económicos, sociales y culturales mediante la identificación de su sujeto, objeto y naturaleza jurídica.
Los medios para alcanzar dichos objetivos parten de establecer una fundamentación de los derechos económicos, sociales y culturales, a través de una doble dimensión justificada, por un lado, en una teoría de las necesidades, es decir, la identificación de las necesidades como atributos o cualidades esenciales de toda persona y, por otro lado, en una teoría de los valores, esto es, la aceptación de que los valores sustentan el derecho.
De manera que, se presenta un análisis de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de tres dimensiones analíticas. La primera corresponde a su estatus y protección en el sistema internacional, así como también en los sistemas regionales, por un lado, el sistema interamericano y, por otro lado, el sistema europeo. La segunda dimensión comprende la revisión de los derechos económicos, sociales y culturales, tanto su contenido y alcance, en los sistemas jurídicos de México y España. Finalmente, la tercera dimensión examina los elementos jurídicos que componen el cuerpo de garantías y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
Contenido En ese sentido, la tesis va de la identificación histórico política, económica y jurídica a su fundamentación desde las necesidades y los valores, la visibilidad de uno, la “Adaptabilidad social a una vida plena” que se sugiere podría constituirse en el pilar de los DESC, que los soportaría teóricamente. De igual forma se refiere su traducción jurídica, que al ser heterogéneos ha exigido su flexibilización.
También se revisa la ordenación trasnacional, internacional, regional y nacional de México acerca de los DESC y se aterriza en el tema del derecho a la salud, para que desde una realidad social se advierta, la multidimensionalidad que efectivamente no puede cubrir la categoría del derecho subjetivo y por lo cual es necesario se flexibilicen para su justiciabilidad, la cual debiera ejercerse desde su reconocimiento como derechos, según las fórmulas que cada Estado prescriba para ello.
Conclusión principal La “Adaptabilidad social a una vida plena” puede constituir un valor que corresponde espontáneamente con los derechos económicos, sociales y culturales, el cual debe traducirse como un principio jurídico de rango constitucional en México, que podría guiar las acciones y medidas legislativas, administrativas y/o judiciales a propósito de la política estatal en materia de derechos humanos establecida en la Constitución.
