Resumen de El discurso populista en la intervención punitiva: Un análisis político-criminal
Vivimos en una época donde los medios de comunicación y las redes sociales han tornado las informaciones más rápidas y eficientes. Pero hay una verdadera alarma colectiva, casi una histeria, relacionado a un posible crecimiento de la violencia, ejerciendo gran presión sobre los poderes públicos.
Hoy es popular políticamente promover iniciativas de endurecimiento punitivo y son muchos los ejemplos a respecto. Siempre que hay un determinado delito que causa consternación a la sociedad, son diversos los movimientos dirigidos a un endurecimiento concreto. Hay una verdadera instrumentalización del fenómeno criminal a través de la comunicación despreocupada con las consecuencias políticas de los dramas cotidianos, acabando por introducir una nueva cultura político-criminal especialmente en el ámbito legislativo.
Es verdad que la historia de la humanidad está llena de momentos de violencia, y el combate a la delincuencia es tarea del Estado, que monopoliza la intervención punitiva. Está claro que, desde las sociedades primitivas, el mecanismo básico de mantener el orden público siempre fue la amenaza de retaliación, pero hay que haber mecanismos de disuasión y prevención de la criminalidad.
Tales políticas públicas deben ser pensadas de manera técnica y el debate no puede prescindir de la participación de expertos. No se puede promover determinadas iniciativas –además las que sean cargadas de simbolismo, cambiando las funciones primarias y secundarias del Derecho penal - con vistas a dar una respuesta rápida al agobio de la opinión pública, muchas veces influenciada por vehículos de comunicación alarmistas y sensacionalistas.
Ese fenómeno es exactamente lo que se puede llamar de ¨populismo punitivo¨: creerse que el simple incremento de penas, legislando de manera simbólica, y endurecer el tratamiento del delincuente, es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales de extrema complejidad y cuyos ánimos envueltos están claramente exaltados.
Hay que decir que las iniciativas que se oponen a las políticas públicas de endurecimiento punitivo nada tienen que ver con cualquier insensibilidad frente a las víctimas de la delincuencia y a los legítimos reclames de la opinión pública, pero hay que tener cuidado y conducir la cuestión de forma técnica y fundamentada.
El discurso populista en la intervención punitiva busca exactamente sosegar los efectos de la inseguridad ciudadana y de la poca confianza de la sociedad en la efectividad del aparato estatal, expandiendo el derecho penal y, legislando con prisa, acomoda interpretaciones arbitrarias y restrictivas de derechos y garantías, en una clara subversión de la proporcionalidad necesaria entre efectividad y el contenido de Derechos fundamentales propia del Estado de Derecho.
El impacto mediático del fenómeno delictivo es aprovechado por algunos entes políticos para aparentar que se da una respuesta a justas reclamaciones de la sociedad. El problema es que hay una distorsión en la forma como las informaciones y reclames son diseminados por las redes sociales y las modernas técnicas de comunicación de masas, y esa distorsión es aprovechada por algunos entes políticos, más interesados en los votos de una masa alarmada que en solucionar los verdaderos problemas sociales.
En ese contexto, hace falta profundizar la comprensión del fenómeno de la delincuencia para así aplicar adecuadamente políticas públicas. El Estado hay que tener el distanciamiento suficiente del problema para efectuar un análisis completo de la eventual efectividad de las medidas de Política criminal, sin intentar obtener ventajas político-electorales, o sea, debe alejarse del discurso populista y de la instrumentalización de los hechos criminales, hacia una orientación técnica de las políticas públicas.
Especialmente llamativo es el ambiente en torno del cual se desarrolla el fenómeno populista: la tendencia reivindicativa que se hizo de las víctimas, el sentimiento común de solidaridad social construido en torno del repudio a la delincuencia –especialmente en hechos violentos-, el temor de convertirse también en víctima y el sentimiento social de fragilidad generalizada, todo eso ampliado en el anfiteatro mediático, excluyendo así los expertos del debate, lo que acaba ayudando algunos entes políticos a alejarse del debate técnico, buscando una manera rápida de satisfacer expectativas de la opinión pública.
Todo ello pone de manifiesto, por un lado, la actualidad y la relevancia social y político-criminal de esta materia en el mundo contemporáneo. Y, por otro, la necesidad de afrontar detenidamente el estudio del fenómeno populista, sus causas y consecuencias. La complejidad del fenómeno delictivo importa un estudio profundo para la concreción de la Política criminal del Estado, por tanto, es importante analizar todo el contexto en que se basa la Política criminal actual, delante el discurso populista.
Por lo expuesto anteriormente, hemos entendido por la necesidad de emprender un esfuerzo y realizar un estudio de la problemática planteada, respecto el fenómeno del discurso populista, sus causas y consecuencias para la Política criminal del Estado y para la intervención punitiva, sin dejar de lado la dogmática penal, ya que todo ese contexto político tiene consecuencias en la legislación penal propiamente dicha.
Es necesario investigar las causas y fundamentos del discurso populista en la intervención punitiva, y también sus consecuencias prácticas en el sistema penal. Para tanto, emprendemos em primer lugar un análisis del contexto político-criminal, para comprender los matices de esa disciplina, sus fundamentos, metodología e histórico. Sería imposible discutir el fenómeno populista en ese contexto sin comprender lo que es la Política criminal como disciplina empírica.
Así, en la primera sección del trabajo, tratamos de ese contexto, los orígenes y evolución histórica de la Política criminal (capítulo I), su significado y configuración científica (capítulo II) y los principios constitucionales de la Política criminal, en el Estado social y democrático de Derecho (capítulo III), ya que la análisis de la incorporación del discurso populista debe ser contemplada bajo los criterios técnicos y el contexto en que se construye las Políticas públicas del Estado.
En seguida, en la segunda sección del trabajo, entramos en la cuestión central: el populismo y el sistema penal. Para tanto, empezamos emprendiendo una investigación respecto los orígenes, la evolución y el significado del término “populismo” (capítulo IV), eso se halla necesario para comprender su influencia en el discurso político-criminal.
Entendemos que el Derecho penal y la Política criminal deben ser analizados de acuerdo al espíritu de su época. Sabemos que en la postmodernidad el tema de la violencia ha dejado profundas marcas en la opinión pública, por eso entendemos por la necesidad de, en seguida, investigar diversas posturas políticocriminales, así como su concreción en modelos no estanques y que buscan trazar líneas generales de las Políticas criminales de los Estados democráticos En seguida, tratamos específicamente del recrudecimiento de la Política criminal a partir del siglo XX, en tres contextos distintos: los países anglosajones, la Europa continental y América Latina, haciendo un comparativo de cómo las concreciones de modelos punitivos especialmente posteriores al Estado del bienestar social se han plasmado en estas sociedades, incluso trazando los rasgos populistas que emprendieron ese recrudecimiento punitivo Uno de los fundamentos de las democracias modernas es la libertad de que disponen los ciudadanos para manifestar sus opiniones. Además, es vital para la salud de la democracia la existencia de derechos de expresión e información. A través de diversos canales, la opinión pública se hace oír por el Estado, que debe garantizar el atendimiento de las expectativas del ciudadano.
Por eso entendemos necesario un estudio específico respecto el atendimiento de las víctimas, su protagonismo y el desarrollo del fenómeno de victimización en la sociedad.
En ese sentido, el Derecho penal en los Estados democráticos debe fijar las fronteras legales para el ejercicio de la violencia legítima, definiendo los límites entre las conductas sociales permitidas y las susceptibles a sanción. La gran difusión informativa, y el protagonismo de las víctimas organizadas en grupos de presión es absolutamente legítimo, ya que poseen sentimientos emocionales distintos ante los fenómenos de victimización, pero hay que comprender ese protagonismo sin instrumentalizar el sentimiento colectivo de inseguridad, lo que nos parece un rasgo esencial del populismo punitivo.
La conducción del debate político-criminal que basa la aplicación del Derecho penal y de la pena, es esencial para buscar cambios necesarios y encampar la tutela de fenómenos complejos que acometen nuestra sociedad. Pero el contexto inmediatista propio de la era de información es transformado y absorbido de manera ni siempre técnica, no necesariamente optimizando el Sistema penal.
