El objeto de este estudio de investigación se centra en entender el efecto del Pacto de Integridad como instrumento de acción colectiva contra la corrupción en la contratación pública de los fondos Europeos. Asimismo, analiza el papel de las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las autoridades públicas en la prevención de la corrupción mediante iniciativas de acción colectiva. El Pacto de Integridad es un instrumento de acción colectiva basado en un acuerdo entre las autoridades de contratación pública y las empresas que participan en la licitación. Los participantes se abstendrán del soborno, la colusión y otras prácticas corruptas durante el proceso de contratación y a lo largo de la implementación del contrato. El tercer actor de este instrumento es normalmente una organización de la sociedad civil que se encarga de supervisar todas las actividades.
Los debates acerca de falta de efectividad de las estrategias anti-corrupción basadas en el planteamiento del agente principal han señalado que la corrupción podría ser más un problema de acción colectiva. Cuando los ¿principales¿ comparten los beneficios de la corrupción o son simplemente indiferentes sobre el problema, las limitaciones normativas no funcionan.
Normalmente, estas restricciones deben respaldar el universalismo ético y vigilar y prevenir la desviación de las normas. En cambio, con la falta de ¿principales con principios¿ el particularismo permite un entorno en el que la asignación de recursos públicos se basa en una conexión entre el que está en el poder y el que recibe los bienes públicos. Este estudio argumenta que en la UE no existe una solución única contra la corrupción y, por lo tanto, en este entorno tan diverso, las estrategias de agente principal contra la corrupción no son necesariamente incompatibles con las teorías de acción colectiva. Por ejemplo, los gastos de la UE dependen en gran medida de un sistema de gestión compartida en el que la Comisión Europea tiene un control limitado sobre la forma en que los estados miembros invierten los fondos Europeos. La estructura de financiación de la UE plantea retos para los estados miembros de la UE en materia de corrupción en contratación pública que pueden ser abordados de manera más efectiva a través de una estrategia de acción colectiva. El Pacto de Integridad se dirige a un área vulnerable de la corrupción como es la contratación pública en la UE que afecta a gran parte de los gastos de la misma y sobre los que la Comisión Europea tiene un control limitado. Sin embargo, la dificultad de este instrumento radica en que el impacto de las iniciativas de acción colectiva es complicado de determinar y que las iniciativas son particularmente adecuadas para entornos de un alto nivel de corrupción. A pesar de que las iniciativas de acción colectiva también se pueden utilizar en entornos de nivel bajo o medio de corrupción, la cuestión que se plantea es cuáles son las condiciones que favorecen el uso efectivo del Pacto de Integridad. El análisis contextual realizado a través de este estudio, respalda la posición de la acción colectiva que afirma que el óptimo para los individuos en el grupo es actuar de manera colectiva hacia objetivos compartidos. El análisis también señala que ciertos elementos del Pacto de Integridad pretenden superar tentaciones de interés propio a corto plazo a través de la reciprocidad, la reputación y la confianza, a fin de construir condiciones que permitan a los individuos lograr mejores resultados que los racionales. Las sanciones disponibles en el Pacto de Integridad dan impulso a los grupos para lograr resultados óptimos y funcionan como disuasión a través del compromiso de castigar a aquellos que no se adhieran al pacto. Un monitor independiente, en forma de organización de la sociedad civil, puede desempañar un papel eficaz en la prevención de la corrupción y el aumento de la transparencia en la contratación pública.
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