Pocos sectores del ordenamiento pueden considerarse tan fuertemente centralizados en el modelo federal de los Estados Unidos como regulación de la inmigración. Sin embargo, el fenómeno, relativamente reciente, de la inmigración irregular masiva en los Estados Unidos y la extensiva criminalización del fenómeno a nivel nacional ha creado importantes tensiones, tanto por la necesidad de la administración federal de contar con los apartados burocráticos estatales como por la creciente presión de los propios Estados para intervenir en la definición de la política migratoria. Ante este panorama, es de poca ayuda, en términos doctrinales, la tradicional explicación basada en el diseño constitucional de la distribución de competencias. El peso, por contrario, lo lleva el marco jurídico creado por el legislador. La predicada exclusividad federal para la regulación de la inmigración, que sirvió de clave de bóveda de la doctrina del Tribunal Supremo para la articulación de las competencias a finales del signo XIX, puede considerarse en decadencia como categoría dogmática y con poco o nulo predicamento en la jurisprudencia, incluso en un ámbito tradicionalmente tenido por excepcional, como política migratoria, desacreditándose con ello al tiempo cualquier limite o impedimento constitucional a la delegación de competencias por el legislador federal. Es, en cambio el poder preentivo del legislador federal el que debe servir de epicentro para comprender la articulación de competencias y, en especial para delimitar la capacidad de los Estados para regular autónomamente y para ejecutar el ordenamiento federal de extranjería de manera independiente y unilateral. Únicamente cuando la ordenación vertical de las competencias de ejecución se hace con carácter coactivo, el Tribunal Supremo ha encontrado un limite constitucional en la llamada anticommandeering rule, que ha servido, aun limitadamente, a aquellos Estados y entidades locales que no quieren participar en la persecución de la inmigración clandestina.
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