En México, la expansión de los derechos políticos universales ha coincidido con un debilitamiento paulatino del intervencionismo estatal en la producción y distribución del bienestar social, considerando como parte de los derechos sociales, realizados a través de una estructura organizativa corporativa que permitió una integración social autoritaria desde arriba, tanto de las masas obreras como campesinas, mientras el país se industrializaba y urbanizaba. Pero, a raíz de la crisis económica de 1982, se introdujeron cambios en el modelo económico para permitir la transnacionalización de la economía mexicana, lo que generó una mayor concentración de los recursos en los grupos sociales privilegiados y, al mismo tiempo, la contracción de la inclusión social a través del pacto social comparativo, que se debilita y, en consecuencia, tienen problemas para cumplir con su función de control social, cuando ya no existe el apoyo estatal ejercido a través de su función distributiva.
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