El propósito de este trabajo es determinar si las actuales instituciones y normas son adecuadas para la protección del consumidor en la contratación a distancia, y si existe alguna propuesta en lege ferenda que pudiera mejorar el marco jurídico actual a nivel europeo y español. El estatuto del consumidor es un derecho in fieri, esto es, en proceso de creación cuya regulación se centra principalmente en la fase previa a la contratación, mediante una adecuada información, o bien posteriormente a través del derecho de desistimiento cuya última reforma en la UE ha sido realizada mediante la Directiva 2011/83, y en España tras la entrada en vigor de la Ley 3/2014 de 28 de marzo que modifica la Ley 1/2007 que aprueba el TRLGDCU. El método utilizado será el análisis analítico inductivo de la normativa, jurisprudencia y la doctrina más autorizada para determinar si los medios utilizados en la UE, y especialmente España, (haciendo alusión a algún otro país como Alemania, Reino Unido y Francia), son adecuados para la adecuada protección del consumidor europeo. Mediante el análisis de la normativa de la UE en sede de contratación a distancia, especialmente la Directiva 2011/83 y su transposición al ordenamiento jurídico español, se incide en el estudio de las razones de política jurídica que determinan la adecuada información precontractual y el reconocimiento del derecho de desistimiento, como excepción al principio pacta sunt servanda. En éste último caso se trata de determinar el común denominador de los distintos supuestos en los que se contempla el derecho de desistimiento en la contratación a distancia. Como aspecto más novedoso evitar el problema de la llamada subsidiación cruzada, o sea, que aquellos consumidores que no hacen uso del desistimiento paguen por aquellos que si lo hacen.
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