En América Latina el modelo del Estado derivado de los procesos independentistas no consideraba como su obligación la provisión de bienes y servicios a la población. Pero la evolución de las democracias ha sometido a este paradigma estatal en las últimas décadas a un debate que ha permitido, fundamentalmente, dos cosas: la primera es realizar un cuestionamiento serio y sistemático de su función; la segunda, y solo en alguna medida, es la de establecer como su obligación el gestionar la provisión de determinados bienes y servicios para los ciudadanos, entre ellos el de la atención de salud pública, gratuita, universal y de calidad para todos los individuos. Un derecho según la teoría de los derechos humanos.
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