Vulneración de Derechos Fundamentales por la obligada transposición de normativa europea. El conflicto entre el deber de colaborar con la Administración sancionadora y el derecho a no declarar contra uno mismo

• Padrós Reig, Carlos ^[1]
  1. [1] Universitat Autònoma de Barcelona

     Universitat Autònoma de Barcelona

     Barcelona, España

     
• Localización: Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 218, 2022, págs. 147-170
• Idioma: español
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    La sentencia que constituye el objeto de este comentario resulta interesante desde una doble perspectiva: (i) como delimitación del derecho sustantivo a guardar silencio ante una incoación de un procedimiento administrativo sancionador. Se analiza el equilibrio entre el deber ciudadano de colaborar con la Administración, especialmente en los casos de infracciones relativas a sectores altamente regulados como es la operativa del mercado de valores y el derecho sustantivo a no declararcoactivamente o a no contribuir a la autoinculpación. En este sentido, el TJUE ha extendido tradicionalmente las garantías del proceso penal al procedimiento administrativo sancionador cuando el resultado del mismo sea de tal entidad que puede conllevar la imposición de sanciones administrativas «de carácter penal». En segundo lugar (ii), desde el punto de vista procesal, resulta interesante analizar las esferas de protección de los derechos fundamentales dentro de la UE. La controversia surge a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad que eleva la Cortedi Cassazione italiana. El juez de garantías constitucionales, a su vez, refiere una cuestión prejudicial de interpretación y validez del propio derecho europeo derivado respecto de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y el juez europeo construye su doctrina en base a la del TEDH aplicando la «cláusula de homogeneidad» del art. 52.3 de la Carta. Se constatan, pues, para resolver una misma afectación alos derechos fundamentales en juego, al menos tres círculos distintos que implican a cuatro altos tribunales.Este segundo aspecto centrará nuestro análisis.

  • English

    The judgement we present is interesting from a double perspective: (i) as adelimitation of the substantive right to remain silent before the initiation of an administrative sanctioning procedure. The judgement analyzes the balance between the citizen’s duty to collaborate with administrative authorities —particularly in cases of conducts related to highly regulated sectors such as the operation of the stock market— and the substantive right not to declare coercively or not to contribute to self-incrimination. In this sense, the ECJ has traditionally extended the guarantees ofthe criminal process to administrative sanctioning procedure when the result thereof is of such an entity that it may lead to the imposition of administrative sanctions «of a criminal nature». Secondly (ii), from a procedural point of view, it is interesting to analyze several spheres of protection of fundamental rights within the EU. The controversy arises asa result of a question of unconstitutionality raised by the Italian Corte di Cassazione. The judge of constitutional guarantees, in turn, refers a preliminary ruling of interpretation and validity of European law itself with respect to the European Charter of Fundamental Rights. And the European judge builds his doctrine based on that of the ECHR by applying the «homogeneity clause» of article 52.3 of the Charter. Thus, to resolve the same violation of the fundamental rights at stake, there are atleast three different circles involving four high courts.This second aspect will focus our attention.