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Legal challenges posed by the war on drugs and the fight against organized crime in Colombia

    1. [1] Universidad del Sinú

      Universidad del Sinú

      Colombia

    2. [2] Red de monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Redcoral). Panamá (Panamá)
  • Localización: Jurídicas CUC, ISSN 1692-3030, ISSN-e 2389-7716, Vol. 16, Nº. 1, 2020 (Ejemplar dedicado a: Jurídicas CUC 2020), págs. 371-390
  • Idioma: inglés
  • Títulos paralelos:
    • Desafíos jurídicos planteados por la guerra contra las drogas y la lucha contra el crimen organizado en Colombia
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Este trabajo tiene como objeto exponer la evolución del crimen en Colombia y como esta desafía la comprensión actual de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario. El acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, el gobierno y los actores armados emergentes son un reto para el derecho y las instituciones jurídicas colombianas. Luego del análisis de estos factores se concluye que el uso de la fuerza por parte del gobierno colombiano contra las organizaciones de narcotráfico, o las llamadas Bandas Criminales-BACRIM, no parece ser la forma legal para combatirlos, toda vez que estas organizaciones no necesariamente participan en las hostilidades, lo cual significa que el estado tiene que seguir un procedimiento específico.

    • English

      This article aims to highlight the evolution of crime in Colombia and how it is a drawback to the current understanding of the applicability of international humanitarian law. The peace agreement between the Revolutionary Armed Forces of Colombia-FARC, the government and the emerging armed actors are a challenge to Colombian law and legal institutions. Accordingly, the article concluded that the use of force by the Colombian government against drug trafficking organizations, or so-called Criminal Gangs-BACRIM, does not seem to be the legal way to combat them since these organizations do not necessarily participate in hostilities, which means that the government has to follow a specific procedure.

       


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