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Cooperativas y subcontratación en las legislaciones autonómicas: necesaria regulación de garantías laborales para mejorar el bienestar de las personas socias trabajadoras

    1. [1] Universidad de Cádiz

      Universidad de Cádiz

      Cádiz, España

  • Localización: Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, ISSN 1575-7048, Nº 46, 2021 (Ejemplar dedicado a: El Estado de Bienestar del siglo XXI), págs. 60-83
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Cooperatives and outsourcing in regional legislation: necessary regulation of labor guarantees to improve the welfare of worker partners
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      La subcontratación a través de cooperativas de trabajo asociado constituye una práctica extendida, especialmente en determinados sectores productivos. Dado nuestro actual marco normativo en materia de cooperativas, para analizar las medidas de garantía en favor de las personas socias trabajadoras en un contexto de subcontratación, hemos de acudir a las respectivas legislaciones autonómicas. Cuantitativamente son escasas las legislaciones autonómicas que abordan la materia, si bien, cualitativamente constituyen modelos ejemplarizantes. Esa diversa y desigual normativa pone de manifiesto una necesitada intervención por parte de los poderes públicos, para dignificar y armonizar la regulación de unos estándares mínimos de trabajo para las personas socias trabajadoras en contextos de subcontratación. Ello, no solo favorecerá el bienestar de dicho colectivo, sino que contribuirá a evitar que las cooperativas sean subterfugio de empresas que buscan mano de obra precaria. Así, el cooperativismo responderá fielmente a su creciente protagonismo como alternativa de trabajo digno, inclusivo y sostenible para una recuperación económica centrada en las personas.

    • English

      Subcontracting through worker cooperatives is a widespread practice, especially in certain productive sectors. Given our current regulatory framework for cooperatives, in order to analyse the guarantee measures in favour of worker partners in the context of outsourcing, we must turn to the respective autonomous community legislations.  Quantitatively speaking, there are few regional legislations that deal with this issue, although qualitatively speaking, they are exemplary models.  This diverse and unequal legislation highlights the need for public authorities to take action in order to dignify and harmonise the regulation of minimum working standards for worker partners in subcontracting contexts.  This will not only improve the welfare of this group, but will also help to prevent cooperatives from becoming a subterfuge for companies seeking precarious labour.  In this way, cooperatives will faithfully respond to their growing role as a decent, inclusive and sustainable work alternative for a people-centred economic recovery.


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