El TJUE vuelve a abordar la recurrente cuestión del sistema de prestaciones públicas de España y su respeto a los principios de la UE. En el presente supuesto, se analiza la colisión entre una normativa que genera una discriminación indirecta y su justificación por objetivos de política social. El TJUE, en una resolución muy discutible, concluye que la legislación española puede ser respetuosa con el principio de igualdad.
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