Los servicios públicos que ofrece el Estado se han ido transformando y adaptando a los avances que hoy implican incorporar la innovación tecnológica. Razón por la que el acceso a la justicia con la implementación de las TIC además de ser un derecho fundamental tutelado por el Estado; también es un derecho que debe ser alcanzable para todos, con independencia de sus circunstancias personales, economía o conocimientos. Además, debe traducirse como el resultado de una política pública encaminada a cubrir la oferta del servicio. Por eso, en esta investigación se analiza el alcance que ésta tiene en materia de derechos del contribuyente.
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