Los organismos genéticamente modificados, implican muchísimas ventajas para la economía y la alimentación, sin embargo se desconocen sus posibles efectos en la salud y el medioambiente; lo que se relaciona con la obligación del Estado de garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable. Las autorizaciones que el Estado otorga sobre la liberación al ambiente, de estos organismos, deben estar supeditadas al derecho a un medio ambiente sano y la participación de las comunidades indígenas en la determinación de políticas que permitan el uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan.
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