Perú
En el presente artículo, el autor analiza la distribución de competencias entre SuSalud y el Indecopi, a raíz de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1158. En particular, el autor aborda las funciones de regulación administrativa referidas a las infracciones en la prestación de servicios de salud por parte de privados en el ámbito nacional.
Ello se realiza a la luz de las consideraciones propias de un derecho fundamental que es el derecho a la salud, el cual implica un deber activo para el Estado en su conjunto. Bajo esta idea, se plantean duras críticas a la forma en que se ha normado la distribución de competencias entre los organismos de la administración pública, a través de normas poco claras que aumentan significativamente los costos que afrontan los usuarios para formular sus denuncias.
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