Inclusión de género, exclusión de clase. Las mujeres en la educación jurídica colombiana

• María Adelaida Ceballos Bedoya ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Colombia

     Universidad Nacional de Colombia

     Colombia

     
• Localización: Revista de derecho: División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, ISSN 0121-8697, Nº. 49, 2018, págs. 113-141
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Gender Inclusion, Class Exclusion. Women in the Colombian Legal Education
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    Resumen El propósito de este artículo es estudiar las relaciones que existen entre, por un lado, la calidad de los pregrados de derecho en Colombia y, por otro lado, el sexo y el nivel socioeconómico de sus estudiantes. El texto plantea dos conclusiones. Primero, la oferta de educación jurídica es amplia y dispar, y en ella predomi nan los pregrados y los estudiantes de baja calidad. La segunda conclusión es que esa disparidad está sesgada en términos de clase y de género. A los pregrados de alta calidad solamente acceden: en el sector privado, quienes tienen alto capital económico (en su mayoría mujeres); y en el sector oficial, quienes tienen resultados académicos sobresalientes (en su ma yoría hombres). Las más desaventajadas son entonces las mujeres con poco capital económico, que no pueden pagar las matrículas de los mejores pregrados privados y están peor equipadas que los hombres de su misma clase para superar los filtros de ingreso de los mejores pregrados oficiales. En ese sentido, puede plantearse que la educación jurídica, en lugar de combatir las desigualdades de género y clase, las reproduce.

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    Abstract The purpose of this article is to study the relationship between, on the one hand, the socioeconomic level and the gender of law students in Colombia; on the other hand, the quality of the education they receive. This text reaches two conclusions. First, the supply of legal education is wide and heterogeneous, and it is characterized by the prevalence of low-quality pro grams and students. The second conclusion is that this disparity in supply is biased in terms of social class and gender. The access to high-quality legal education is limited: in the private sector, to those who have high economic capacity (mostly wo men); and, in the public sector, to those who have outstanding academic results (mostly men). The most disadvantaged are women with low economic capital. They cannot pay the tuitions of the best private programs and are worse equipped than men of their own social class to overcome the access filters to the best public pro grams. In this sense, legal education reproduces gender and class inequalities, instead of reducing them.