Análisis y perspectivas del derecho humano al agua en el orden jurídico mexicano

• Autores: Pedro Joaquín Gutiérrez Yurrita, Víctor Amaury Simental Franco
• Localización: Dikê: Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica, ISSN 1870-6924, Nº. 22, 2017, págs. 5-32
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Human rights Analysis and perspectives about water in the Mexican legal system
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• Resumen
  • español

    La LXI Legislatura del Congreso de la Unión produjo importantes reformas en la constitución desde 2011, dedicadas a la protección más amplia de derechos humanos, al reconocimiento explícito de la jerarquía de tratados internacionales, de intereses colectivos y a reformas en la ley de amparo. Otra gran reforma, por cuanto implicó reformar y decretar nuevas leyes, se dio en 2012 al introducir de manera explícita que es deber de todos cuidar el ambiente y que el agua es un derecho fundamental. Estos cambios constitucionales son un punto de quiebre en la política nacional no sólo en materia ambiental, sino en derechos humanos. El recurso hídrico es estratégico para la seguridad nacional y presenta un doble reto: proteger los derechos de las personas y la integridad ecológica del paisaje. Celebramos que nuestra constitución sea tan vanguardista como hace 160 años al promulgarse como de un Estado Social (1857), y como hace 100 años, cuando garantizó los valores de un Estado de derechos (1917).

  • English

    The Congress of the Union in its LXI Legislature have produced important reforms in the constitution since 2011, Such as a broader protection of human rights, and a explicit recognition of the hierarchy of international treaties, collective interests and reforms in protection law. Another great reform, in as much as it involved reforming and decreeing new laws, came about in 2012 by explicitly introducing that it is everyone’s duty to take care of the environment and that access to water is a fundamental right. These constitutional changes are a turning point in national politics not only in environmental matters, but also in human rights. A water resource is strategic for national security and presents a double challenge: to protect the rights of people and the ecological integrity of the landscape. We praise that our constitution is as avant-garde as 160 years ago when it was promulgated as a Social State (1857), and as 100 years ago, when it guaranteed the values of a State of rights (1917).