Régimen de habilitación y control administrativo de los agentes colaboradores externos en materia industrial, medioambiental y de eficiencia energética

• Autores: Isabel González Ríos
• Localización: Revista Aragonesa de Administración Pública, ISSN 1133-4797, Nº 51, 2018, págs. 18-64
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Este artículo analiza la colaboración privada en actividades administrativas de control, tales como las acreditaciones, las certificaciones y las auditorías. Más concretamente se aborda el papel que desempeñan las entidades de acreditación, los organismos de evaluación de la conformidad, los verificadores medioambientales y los certificadores y auditores de eficiencia energética, que actúan en ámbitos como la seguridad industrial, la gestión medioambiental y la eficiencia energética. Para ello, prestamos especial atención al régimen de habilitación y a las técnicas de control que se reserva la Administración pública respecto de aquellos agentes colaboradores externos, a fin de clarificar si su actuación cuenta con la suficiente cobertura jurídica.

    En definitiva, con este artículo ponemos de manifiesto cómo la liberalización en la prestación de servicios y el actual proceso de racionalización de la Administración pública vienen suponiendo un aumento en la colaboración pública-privada; pero, tanto a nivel comunitario como interno, se echa en falta una regulación clara y uniforme sobre los requisitos exigibles a aquella colaboración privada en funciones públicas.

  • English

    This article analyzes the private collaboration in administration activities of control, such as accreditations, certifications and audits. More specifically, this paper looks at the role played by the accreditation entities, the conformity evaluation organisms, the environmental verifiers and the energy efficiency auditors; who act in areas such as industrial health and safety, environmental management and energy efficiency. Accordingly, we pay particular attention to the techniques of qualification and control used by the public Administration regarding external collaborators, in order to clarify if these procedures count with a sufficient juridical scrutiny.

    In fact, with this article we show how the liberalization in the provision of services and the current process of rationalization of the public Administration comes assuming the increase in public-private collaborations; however, in both at a Community and internal level, there is a lack of clear and uniform regulation on the requirements expected on that private collaborations in public functions.