En la primera década del siglo XX, la morosidad judicial, la congestión de los tribunales y el desempeño del personal judicial se tornaron ejes de cuestionamientos constantes sobre los que parecía girar la problemática de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Con el propósito de agilizar los procesos y descomprimir la población carcelaria se priorizó realizar reformas en la administración de justicia penal. La historiografía se ha detenido en señalar los cambios impulsados en relación con la legislación penal. Sin embargo, resta analizar en qué medida ese clima reformista impactó en la atención de una agenda pendiente como era el aumento del personal judicial, en la estructura judicial y en el fortalecimiento de los recursos presupuestarios. A fin de identificar las reformas proyectadas y concretadas en tal sentido, nos centraremos en el análisis de los debates acaecidos en la legislatura bonaerense en particular.
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