Se ha escrito y se ha hablado mucho, en estos últimos tiempos, acerca de la reforma del Concordato celebrado entre la Santa Sede y la República de Colombia. Algunos comentarios están ajustados a la realidad jurídica que un pacto de esta naturaleza implica; otros acusan desconocimiento sustancial del valor jurídico que ellos tienen y de las causas o realidades socio-religiosas que los hacen, no sólo importantes sino necesarios para la consecución, por una parte, de los fines del estado, y por otra, de los fines más altos de la Iglesia, en relación con unas mismas personas que son el pueblo que, viviendo en el país, forman la nación y que, siendo bautizados en la religión católica, son súbditos de la Iglesia. (…)
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