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La lucha antiterrorista en el Perú: agujeros negros legales, agujeros grises y el arduo camino constitucional. Lecciones peruanas para la guerra contra el terrorismo global

    1. [1] Pontificia Universidad Católica del Perú

      Pontificia Universidad Católica del Perú

      Perú

  • Localización: Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, ISSN 0251-3420, ISSN-e 2305-2546, Nº. 75, 2015, págs. 75-94
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The anti-terrorist fighting in Peru: legal black holes, gray holes and the arduous constitutional way. Peruvian lessons for the war on global terrorism
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      El presente trabajo examina, desde el paradigma del Estado constitucional de derecho, la estrategia antiterrorista que desarrolló el Perú. Una de las expresiones de esta lucha antisubversiva fue la instauración casi permanente de los regímenes de excepción y la aprobación de las leyes penales de emergencia, las cuales son analizadas críticamente, pues propiciaron graves afectaciones a los derechos fundamentales. En ese sentido, se muestra, con  grave  preocupación,  la  creación por  parte  del  Estado  peruano  de«agujeros negros» y «agujeros grises» legales en desmedro de las víctimas de desaparición forzada. Finaliza el autor haciendo un balance de la postura de los órganos jurisdiccionales y el reto que tienen en la construcción del modelo democrático y constitucional de lucha contra el terrorismo.

    • English

      This paper examines the anti-terrorist strategy developed by Peru from the paradigm of the constitutional rule of law. One expression of this counter-insurgency fight was the nearly permanent establishment of states of emergency and the adoption of criminal emergency laws, which are critically analyzed, because they led to serious results on fundamental rights. In that sense, it is shown, with severe concern, the establishment by the Peruvian Government of legal “black holes” and “gray holes” at the expense of victims of enforced disappearance. The author concludes by assessing the position of the courts and the challenge they have in elaborating a democratic and constitutional model for combating terrorism.


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