Existe un deber de veracidad sustantivo que deriva de la propia existencia del Estado, de su sujeción a la Constitución, de las formas republicana y democrática de gobierno, y de los compromisos asumidos por convenciones internacionales.
Ese deber de veracidad lejos de debilitarse en el proceso judicial, tiene plena vigencia y reclama el sometimiento irrestricto del Estado en su actuación como parte procesal.
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