Protección jurisdiccional al honor: polémica sobre prevalencia de derechos constitucionalmente protegidos; delimitación de competencias

• Autores: Pedro Ródenas Cortés
• Localización: Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, ISSN 0213-988X, ISSN-e 2695-7728, Nº 29, 2011, págs. 285-299
• Idioma: español
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• Resumen

  • Son notorias las discrepancias existentes entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que ha visto anuladas en amparo algunas de sus Sentencias sobre protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En principio, nada extraordinario cabría decir al respecto, puesto que el Tribunal Constitucional lleva anulando Sentencias del Tribunal Supremo desde los primeros años de su creación, sin que ello haya dado lugar a una especial consideración o haya suscitado una particular atención por parte de la doctrina. En realidad, lo que ha merecido el comentario de los autores ha sido la forma en que el Tribunal Supremo ha replicado las nulidades del Tribunal Constitucional, así como las peculiares fórmulas a las que este órgano ha recurrido para zanjar las controversias planteadas por el Supremo.

    Han sido, efectivamente, las réplicas y dúplicas que han intercambiado ambas instancias las que han motivado que la doctrina haya interpretado estos sucesos como manifestación de un auténtico conflicto entre el Tribunal constitucional y el Tribunal Supremo que se habrían mostrado en desacuerdo, esencialmente, respecto a las competencias que a cada órgano correspondería asumir en relación con la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, en general, y del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en particular.

    Este comentario tiene por objeto analizar en qué aspectos concretos discrepan el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Es decir, lo que pretendemos es averiguar cuáles son las causas que han determinado los más recientes desacuerdos entre ambos órganos, con el fin de poder concluir si realmente estas discrepancias pueden interpretarse como un verdadero conflicto institucional, qué incidencia podría tener esta situación en el ámbito de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en cuestión y cuáles podrán ser, en su caso, las vías de solución para resolver ese posible conflicto.