La conciliación en la jurisdicción contenciosa administrativa

• Autores: Omar Dussán Hernández
• Localización: Prolegómenos: Derechos y valores, ISSN-e 0121-182X, Vol. 12, Nº. 24, 2009, págs. 229-238
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Conciliation in the Contentious Administrative Jurisdiction
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• Resumen
  • español

    En la actualidad la conciliación contenciosa administrativo es especialmente novedosa, compleja y se convierte en la oportunidad de solucionar por la vía del diálogo dirigido por un conciliador, investido transitoriamente de la función jurisdiccional un conflicto entre el Estado y uno o varios miembros de la comunidad; constituyéndose en una de las políticas nacionales de mayor importancia para la administración de justicia y por ende para la sociedad. Con ello se busca transmitirle a la colectividad un mensaje de convivencia pacífica y diálogos que supone la solución civilizada de los conflictos.

    La anterior postura educa a la comunidad, que tiene que partir de un principio fundamental para su convivencia: cuando una persona debe, responde; pero esa concepción riñe con el pensamiento generalizado de algunos funcionarios públicos y los administradores de justicia según los cuales, es mejor no comprometer por esto vía el erario público y esperar por lo tanto una sentencia judicial. Para ellos todavía existe, una desconfianza generalizada injustificada, determinada por la disposición de los dineros públicos y la suscripción de compromisos por parte del Estado.

  • English

    Currently contentious administrative conciliation is particularly innovative, complex and becomes an opportunity to solve through dialogue conducted by a conciliator, vested the judicial function temporarily a conflict between the state and one or more members of the community;

    becoming one of the major national policies for the administration of justice and hence for society. It seeks to convey to the community a message of peaceful coexistence and dialogue involving the civilized settlement of conflicts.

    The above position educates the community, which must be based on a fundamental principle for coexistence: when a person must respond, but this view is at odds with the general thinking of some public officials and administrators of justice according to which is better not compromised by this via the public purse and therefore wait for a court ruling. For them there is still a widespread suspicion unjustified, given by the provision of public funds and the signing of commitments by the state.